- Telefónica mantiene a Huawei como proveedor del core 5G para clientes residenciales hasta 2030.
- Modelo multiproveedor: Ericsson gestiona el plano de control y Nokia el núcleo para empresas y Administraciones.
- El acuerdo cumple la normativa en España, pese a las recomendaciones restrictivas de la UE.
- El precio, factor clave que inclinó la balanza a favor de Huawei frente a alternativas europeas.
Telefónica ha renovado con Huawei la gestión del núcleo (core) de su red 5G para clientes residenciales, un contrato de gran calado económico que se extiende hasta finales de 2030 y que abarca a millones de líneas en España. La decisión se adopta en un contexto de debate internacional sobre la presencia del fabricante chino en infraestructuras críticas.
El acuerdo fue firmado en diciembre de 2024 bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete y antes del relevo en la cúpula por Marc Murtra. La operadora mantiene así una estrategia de segmentación: Huawei queda al frente del core residencial, mientras que el ámbito corporativo y de Administraciones Públicas se ha adjudicado a proveedores europeos.
Qué se ha adjudicado exactamente
El núcleo o core es la pieza que coordina el tráfico de datos y la lógica de la red móvil, distinta de la RAN (antenas y estaciones base). Se trata de un elemento crítico y, por tanto, objetivo prioritario en caso de ciberataque. En este marco, Huawei aporta la plataforma mientras que Telefónica gestiona los datos de forma encriptada.
Según fuentes del sector, la vigencia del acuerdo cubre el periodo 2025-2030 y se considera el más relevante del 5G en términos económicos por su impacto en el mercado residencial de Movistar, con más de 15 millones de líneas. En cambio, no es el más sensible desde el punto de vista estratégico, al dejar fuera a empresas y administraciones.
Estrategia multiproveedor y reparto de funciones
Telefónica ha venido aplicando una política de multiproveedor y diversificación dentro de su 5G standalone, dividiendo el núcleo en plano de control (conexión y señalización) y plano de usuario (tráfico de datos que genera cada cliente).
En 2021 adjudicó a Ericsson el plano de control de la red 5G en España, y a inicios de 2025 confió a Nokia el plano de usuario para clientes corporativos y Administraciones Públicas. El core para clientes residenciales, que concentra el mayor volumen, se ha renovado con Huawei.
Regulación europea y posición de España
La Unión Europea ha instado a los Estados miembros a restringir a los proveedores considerados de alto riesgo en 5G, y varios países han impuesto fuertes limitaciones. España, por su parte, no ha establecido una lista nacional de veto, de modo que acuerdos como el de Telefónica con Huawei no vulneran la normativa vigente.
El consejero delegado del grupo, Emilio Gayo, ha subrayado que la compañía cumple las reglas en cada país: sustituye equipos en mercados con restricciones (como Alemania), reduce exposición en España y mantiene colaboraciones donde no hay impedimentos regulatorios (como Brasil). Esta hoja de ruta busca equilibrar seguridad, coste y continuidad de servicio.
Precio, impacto operativo y calendario
El factor determinante de la renovación ha sido el precio ofertado por Huawei, que la hace especialmente competitiva frente a alternativas europeas. En un entorno de grandes inversiones en fibra y 5G, la eficiencia de costes se convierte en un argumento de peso para la operadora.
A grandes rasgos, el calendario fija la prestación del servicio entre 2025 y 2030, con el fabricante suministrando la plataforma y Telefónica responsabilizándose del tratamiento seguro de la información. El alcance real del contrato, centrado en el mercado residencial, garantiza continuidad tecnológica sin comprometer el perímetro más sensible del negocio, reservado a Nokia y Ericsson.
Con este movimiento, la compañía consolida una arquitectura 5G dual que segmenta riesgos y proveedores: Huawei sostiene el core de consumo masivo, mientras que el entorno crítico de empresas y Administraciones queda en manos europeas. Una solución pragmática que se ajusta a la regulación vigente en España, encaja con las recomendaciones de diversificación y, sobre el papel, preserva la competitividad en costes.