El debate sobre hasta dónde debe llegar el control estatal sobre los medios digitales se ha encendido de nuevo en Venezuela tras una propuesta de registro obligatorio para portales informativos en internet. La iniciativa, impulsada desde instancias vinculadas al Programa para la Convivencia y la Paz, ha encontrado una respuesta frontal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y de diversas organizaciones gremiales.
Para el SNTP y varios referentes del periodismo venezolano, la idea de condicionar la existencia y el desbloqueo de medios digitales a su inscripción en un registro oficial abre un escenario de mayor censura, vigilancia y autocontrol informativo, en un país donde ya se acumulan antecedentes de cierres, bloqueos y presiones contra la prensa.
El origen de la propuesta de registro de portales digitales
La controversia estalló tras unas declaraciones de Indira Urbaneja, integrante del Programa para la Convivencia y la Paz y de la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz, quien planteó avanzar hacia un “gran registro nacional de portales digitales”. Según explicó, el objetivo sería identificar a los propietarios de estos medios y exigirles “compromisos con la verdad”.
Urbaneja sostuvo que existen portales que publican informaciones sin que se conozca quiénes son sus dueños o responsables, lo que, a su juicio, afectaría la estabilidad y la convivencia. Bajo ese argumento, defendió la necesidad de un padrón oficial de medios digitales y de sus titulares, que funcione como un mecanismo de ordenamiento del ecosistema informativo en línea.
En sus declaraciones, la vocera vinculó incluso el posible desbloqueo de páginas actualmente restringidas a la disposición de estos portales de “ponerse a derecho”. Es decir, aquellos medios que acepten registrarse y someterse al nuevo marco podrían ver restablecido su acceso, mientras que los que permanezcan al margen quedarían fuera de cualquier proceso de regularización.
Este enfoque, que asocia la garantía de acceso a la información con el cumplimiento de requisitos previos ante el poder público, encendió las alarmas de gremios y defensores de la libertad de expresión por el riesgo de exposición de datos personales, que ven en esa propuesta un sistema de premios y castigos en función de la adhesión de los medios a un registro estatal.
Respuesta del SNTP: el registro como mecanismo de control
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reaccionó de forma inmediata y tajante. A través de su cuenta en X (antes Twitter), la organización afirmó que “exigir un registro obligatorio a medios digitales no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control”. Para el gremio, no existe justificación tecnológica o de gestión del espectro que respalde una medida de este tipo en internet.
El SNTP subrayó que, a diferencia de la radio o la televisión, en internet no hay limitación de espectro, por lo que imponer registros o autorizaciones previas equivale, en la práctica, a decidir quién puede o no puede ejercer la libertad de expresión. El problema no estaría en ordenar frecuencias, sino en filtrar voces y contenidos.
En esa línea, el sindicato recalcó que los medios digitales no deben estar sometidos a sistemas de autorización previa. Defendió que cualquier regulación sobre contenidos informativos tiene que operar a través de la “responsabilidad posterior”, es decir, mediante la evaluación y eventual sanción de hechos concretos —como la difamación o la incitación a la violencia—, siempre respetando el debido proceso y las garantías judiciales.
La organización advirtió, además, que cualquier intento de crear un registro de portales no puede ser obligatorio ni condicionar el derecho a publicar información. En su criterio, no deberían existir sanciones por no inscribirse, ni mucho menos vincular el permiso para operar o el acceso a la red a la aceptación de ese padrón estatal.
El mensaje del SNTP se enmarca en un contexto más amplio que describen como un “modelo de control” sobre los medios de comunicación, en el que se acumulan casos de cierres, bloqueos técnicos y restricciones administrativas dirigidas a limitar el alcance de la prensa crítica o independiente.
Un contexto de bloqueos, cierres y restricciones a la prensa
El sindicato recordó que en Venezuela opera desde hace años un entramado de medidas formales e informales que condicionan el trabajo periodístico. Entre ellas, el bloqueo de portales informativos a nivel de proveedores de internet, el cierre o confiscación de instalaciones y la utilización de figuras legales de amplio espectro para perseguir voces disidentes.
Como ejemplo, el SNTP mencionó casos de medios digitales que han sido blanco de bloqueos arbitrarios o de procesos judiciales, lo que ha llevado a redacciones completas a replegarse, migrar a otras plataformas o reducir su actividad por miedo a represalias. En ese escenario, cualquier nueva exigencia previa se percibe como un escalón más en la escalada de restricciones.
El gremio también subrayó que el periodismo se ejerce en un entorno calificado de hostil para la libertad de prensa, con un arsenal de normas y leyes que pueden utilizarse para castigar la expresión crítica. Entre estas herramientas se mencionan leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” o “contra el bloqueo”, cuyo alcance amplio permite sancionar opiniones, informaciones o líneas editoriales bajo criterios discrecionales.
Desde esta perspectiva, un registro nacional de portales digitales, lejos de ser una simple base de datos administrativa, podría convertirse en una lista detallada de objetivos potenciales para futuras acciones de censura, persecución o acoso y facilitar filtraciones de datos personales.
El SNTP insistió en que la libertad de expresión no puede supeditarse a autorizaciones previas ni a la aceptación de “compromisos” condicionados por el poder. Si hay responsabilidades por informaciones falsas o dañinas, argumenta, estas deben dilucidarse caso por caso, en tribunales independientes y con la posibilidad de defensa para los señalados.
Críticas de otras organizaciones y voces del periodismo
El rechazo al registro obligatorio de medios digitales no se ha limitado al SNTP. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, se pronunció en términos igualmente firmes, alertando de que cualquier mecanismo que condicione el derecho a informar supone una violación directa de la Constitución venezolana.
El CNP Caracas subrayó que “los medios digitales no deben estar sujetos a autorizaciones” y que el esquema adecuado es el de responsabilidad posterior y debido proceso, no el de controles previos ejercidos por el poder político. Desde su punto de vista, un registro obligatorio en un contexto de bloqueos sistemáticos se transforma inevitablemente en una herramienta de persecución más que en un instrumento de transparencia.
También figuras del periodismo venezolano alzaron la voz. Nicmer Evans, periodista y director del portal Punto de Corte, calificó la propuesta como una “aberración” y expresó su preocupación por la posibilidad de que el registro se utilice para recopilar datos detallados de los medios con el fin de forzar la censura o condicionar su supervivencia. Evans, que ha sido preso político en dos ocasiones, recordó que los portales informativos ya enfrentan bloqueos, episodios de violencia contra su personal y campañas de descrédito, y citó casos como la filtración masiva en Instagram como ejemplo de riesgos adicionales.
Evans, que ha sido preso político en dos ocasiones, recordó que los portales informativos ya enfrentan bloqueos, episodios de violencia contra su personal y campañas de descrédito. A su juicio, el desbloqueo de medios no requiere nuevas mesas de trabajo ni registros, sino “voluntad política por parte del censor” para cesar las restricciones existentes.
Otra voz crítica fue la del periodista Rory Branker, quien también ha sufrido detención. Branker advirtió que la creación de un registro nacional de medios digitales podría desembocar en más persecución, acoso, tortura y cárcel para periodistas y ciudadanos. Incluso ironizó sobre la posibilidad de que, tras este paso, se plantee un “registro bolivariano de fuentes periodísticas”, lo que, en su opinión, llevaría el control informativo a extremos aún más preocupantes.
Mesas de trabajo sobre periodismo y uso de la narrativa oficial
La propuesta de Urbaneja se ha formulado en el marco de mesas de trabajo sobre el ejercicio periodístico y la protección de la prensa, impulsadas por el Programa para la Convivencia y la Paz junto a periodistas y organizaciones vinculadas a la comunicación. Oficialmente, estos espacios se presentan como foros para debatir las garantías del oficio informativo.
Sin embargo, buena parte del gremio observa con suspicacia que, bajo el paraguas del combate a las “fake news” y la defensa de la “verdad”, se planteen exigencias que, en la práctica, desplazan la responsabilidad individual de cada periodista o medio hacia un control estructural por parte de las autoridades.
En varios mensajes públicos, se ha insistido en que los portales digitales deberán cumplir “compromisos con la verdad” como condición para formar parte del registro. La formulación de estos compromisos —y quién determina qué es o no es la verdad en cada caso— se percibe como un riesgo evidente de homogeneización informativa y de penalización de narrativas críticas.
Frente a ello, gremios y periodistas reclaman que la lucha contra la desinformación no se utilice como pretexto para reforzar la censura. En lugar de padrones obligatorios y autorizaciones previas, defienden instrumentos como la autorregulación, los códigos de ética, la educación mediática de la ciudadanía y el fortalecimiento de instancias judiciales independientes que puedan dirimir conflictos cuando los haya.
El debate sobre la iniciativa de registro se inscribe, además, en un contexto internacional en el que muchos países, incluidos varios europeos, buscan fórmulas equilibradas para combatir la desinformación sin ahogar el pluralismo. Organizaciones de derechos humanos suelen advertir que, cuando las herramientas contra las noticias falsas se diseñan sin salvaguardas claras, terminan sirviendo como arma contra la crítica legítima.
Lo que está en juego en esta polémica va más allá de un trámite administrativo: el choque entre un modelo de comunicación sometido a controles previos y otro basado en la libertad de publicar con responsabilidad posterior atraviesa toda la discusión sobre el registro nacional de medios digitales. Mientras el SNTP, el CNP y numerosos periodistas alertan de que el proyecto puede profundizar la censura y los bloqueos ya existentes, sus promotores lo presentan como un mecanismo para “ordenar” el ecosistema informativo y combatir la desinformación. El desenlace de este pulso marcará, en buena medida, el margen real de autonomía que tendrán los medios digitales venezolanos en los próximos años.
