- Las universidades públicas exigen un capítulo específico en la Ley de la Ciencia de Canarias.
- Critican su escasa participación en la elaboración del anteproyecto y piden financiación estable.
- Reclaman una visión no mercantilista y el apoyo a todas las áreas del conocimiento científico.
- Plantean propuestas para mejorar la carrera investigadora y agilizar los trámites administrativos.
La elaboración de la nueva Ley de la Ciencia en Canarias ha generado un intenso debate en el ámbito académico y político del archipiélago, especialmente por la falta de consenso durante su fase inicial. Los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han hecho pública su preocupación por el papel secundario que se ha otorgado a las instituciones universitarias en la redacción de este texto legislativo, a pesar de que ambas concentran la inmensa mayoría de la investigación y la transferencia de conocimiento en las islas.
En una comparecencia reciente ante la comisión parlamentaria de Universidades, Ciencia e Innovación, Francisco García (ULL) y Lluis Serra (ULPGC) subrayaron la necesidad de incorporar un capítulo específico dedicado a las universidades públicas en la futura norma. Ambos insisten en que el documento actual, aunque representa un avance, resulta aún insuficiente, ya que trata a las universidades solo como «un agente más», cuando de ellas depende más del 95% de la producción científica y transferencia de I+D+i en Canarias.
Participación y consenso académico
Desde las dos principales instituciones académicas han manifestado reiteradamente su malestar por no haber contado con un texto base sobre el que poder realizar aportaciones relevantes y por el carácter limitado de los contactos mantenidos hasta el momento con el Gobierno regional. El rector de la ULL expresó que la invitación a foros de debate no equivale a una participación real y efectiva. En este sentido, recuerdan que en otras ocasiones tampoco se les ha facilitado un borrador para consensuar posibles mejoras antes de que el texto llegase a la sede parlamentaria.
El Parlamento, por su parte, ha mostrado receptividad a las críticas de los rectores. Desde varios grupos políticos, se ha afirmado que la ley aún está abierta a enmiendas y consensos que reflejen mejor la realidad científica canaria. Sin embargo, la sensación general desde las universidades es de haber sido tenidas poco en cuenta durante un proceso que consideran determinante para el futuro del sistema de investigación en las islas.
La propia consejera de Universidades, Migdalia Machín, reconoció el papel crucial de las universidades, aunque defendió el proceso participativo realizado con «más de 80 agentes del sistema», incluyendo instituciones académicas y otros actores sociales. Aun así, admitió que tal vez hubiera sido necesario un diálogo «más directo» con quienes lideran la producción científica en la región.
Demandas y propuestas de las universidades
Entre las principales peticiones de los rectores destaca la de blindar la financiación de la I+D+i en las universidades públicas, asegurando partidas específicas y plurianuales que no dependan de los presupuestos ordinarios ni de vaivenes económicos. Según señalaron tanto García como Serra, el compromiso financiero es esencial para impulsar la innovación y el desarrollo en las islas.
Además, demandan con fuerza la inclusión de un título propio sobre transferencia de conocimiento en la ley, así como incentivos para los investigadores, carreteras estables y medidas que faciliten la movilidad y la proyección profesional tanto dentro como fuera del archipiélago. La propuesta de crear un registro de agentes I+D+i y de garantizar una representación proporcional de las universidades en el Consejo Asesor forma parte también de sus reivindicaciones concretas.
Ambos rectores han defendido la importancia de alejarse de una visión únicamente mercantilista de la ciencia, argumentando que todas las áreas del conocimiento son valiosas, y que la rentabilidad económica a corto plazo no debe ser el único criterio para orientar la política científica canaria. Por tanto, abogan por que la ley contemple la investigación básica y las disciplinas humanísticas, en las que el archipiélago ha demostrado excelencia internacional.
Nuevos retos y agilización administrativa
La futura ley introduce cuestiones como la simplificación administrativa, la reducción de los plazos de tramitación y un mayor impulso a la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el tejido productivo. Entre las propuestas universitarias se cuenta también la publicación anual de un calendario de convocatorias de investigación, la reforma de los procedimientos de contratación y la facilitación de los trámites aduaneros, especialmente relevantes para los proyectos internacionales.
Otra de las preocupaciones transmitidas es la necesidad de que la carrera investigadora cuente con contratación estable, evaluaciones periódicas y movilidad. Además, se solicita la creación de incentivos retributivos para quienes transfieren conocimiento y aportan valor al tejido económico y social. Los rectores también plantean medidas para atraer talento, fortalecer la estructura de investigación de excelencia y mejorar la revalorización laboral del título de doctor.
Por último, en el debate parlamentario también surgieron diferencias en torno al despliegue de la Inteligencia Artificial, cuyo tratamiento específico en un título propio de la ley ha sorprendido a parte del sector universitario, ya que consideran que no debería recibir un enfoque exclusivo respecto a otros ámbitos tecnológicos.
El proceso legislativo continúa y el Parlamento canario tiene ahora sobre la mesa las propuestas de los rectores, que insisten en la necesidad de un texto de consenso y con garantías de financiación estable y participación real de las universidades.