Japón ha dado un paso significativo en la aplicación de sus nuevas normas de seguridad nuclear al vetar la puesta en marcha del reactor número 2 de la central de Tsuruga. Esta decisión, dictada por la Autoridad de Regulación Nuclear (ARN), surge tras más de una década del desastre ocurrido en Fukushima en 2011, cuando un terremoto y un tsunami desencadenaron uno de los mayores desastres nucleares de la historia, llevando al país a replantearse su política energética.
El reactor vetado se encuentra en la región de Honshu, en el centro de Japón, y pertenece a la compañía Japan Atomic Power. Es el primer reactor que recibe una negativa definitiva para su reactivación bajo las normas de seguridad adoptadas en 2013, las cuales fueron actualizadas tras las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima. Desde entonces, el gobierno japonés ha endurecido las regulaciones para evitar que se construyan o reinicien reactores en áreas con posibles fallas sísmicas activas, siendo esta una de las principales razones del rechazo.