- La nueva Ley de Ciberseguridad en Puebla sanciona insultos en redes sociales con hasta tres años de cárcel, generando críticas por su posible uso arbitrario y riesgo para la libertad de expresión.
- Organizaciones de periodistas y derechos humanos advierten del peligro de ambigüedad legal y su impacto sobre medios y activistas.
- Elon Musk y Starlink desafían restricciones gubernamentales en Irán, permitiendo acceso a internet a pesar de apagones impuestos tras conflictos armados.
En los últimos días, el debate sobre la censura en redes sociales ha alcanzado nuevas cotas en distintos rincones del mundo. Tanto en México, con la promulgación de la Ley de Ciberseguridad en Puebla, como en Irán, con la intervención de Elon Musk a través de Starlink, han puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales acerca de la libertad de expresión, el acceso a la información y el papel de la tecnología frente a los intentos estatales de limitar el debate público.
La discusión se polariza entre quienes consideran necesarias algunas restricciones para salvaguardar la seguridad o combatir el acoso, y quienes temen que la ambigüedad de ciertas normativas acabe sirviendo para restringir derechos básicos. La polémica ha sido alimentada por reacciones de periodistas, organizaciones civiles y autoridades, en un escenario donde los límites entre protección y censura parecen cada vez más difusos.
Ley de Ciberseguridad en Puebla: un nuevo frente sobre la libertad de expresión
Desde el pasado 13 de junio, el estado mexicano de Puebla ha sido epicentro de una profunda controversia tras la entrada en vigor de una reforma legal que sanciona con penas de hasta tres años de prisión los insultos y ofensas vertidas en redes sociales. La llamada «Ley Censura», oficialmente Ley de Ciberseguridad, modifica varios artículos del Código Penal local y tipifica como delito el ciberasedio. Se define como tal a quien, a través de tecnologías de la información o espacios digitales, insulte, agravie u ofenda de forma insistente, ocasionando daño en la integridad física o emocional de otra persona.
Esta regulación también penaliza otras conductas digitales como la usurpación de identidad, el espionaje y el acoso en línea. Sin embargo, la mayor inquietud surge por la redacción considerada ambigua del artículo referente al ciberasedio, lo que podría facilitar interpretaciones arbitrarias y el uso de la ley como herramienta de silenciar críticas.
Para quienes critican la reforma, como la organización Artículo 19 y otras redes de periodistas, el riesgo no solo reside en las condenas de prisión y multas económicas – que pueden llegar hasta los 40 mil pesos – sino en la dificultad para definir con precisión qué constituye un insulto u ofensa sancionable. Esta indefinición, advierten, abre la puerta a represalias judiciales contra periodistas, medios y ciudadanía, afectando la pluralidad del debate público.
Las autoridades estatales, por su parte, han defendido la nueva ley argumentando que se orienta a la protección de personas vulnerables, muy especialmente menores. Han señalado la disposición para revisar el texto en consultas públicas, aunque la vigencia de las sanciones ya es un hecho consumado.
La preocupación no es baladí: en los últimos años Puebla ha registrado numerosos procesos judiciales contra periodistas por sus publicaciones. Grupos de la sociedad civil temen que, con la nueva figura penal de ciberasedio, se multipliquen las causas legales por informaciones, críticas o denuncias realizadas en las redes sociales.
La batalla de la conectividad: Elon Musk desafía la censura estatal en Irán
Más allá de los marcos legales, la censura sobre el espacio digital también se combate y desafía desde la tecnología. En las últimas semanas, Irán fue escenario de un nuevo apagón de internet ordenado por el régimen tras los bombardeos israelíes sobre objetivos militares y nucleares. El corte, justificado por el gobierno como respuesta a “agresiones extranjeras”, dejó a millones de personas sin acceso a redes sociales ni a plataformas informativas independientes.
En este contexto, Elon Musk, a través de su empresa SpaceX y la red satelital Starlink, volvió a activar la cobertura sobre territorio iraní, permitiendo a quienes cuentan con terminales clandestinas restablecer la conectividad. Según expertos, circulan ya hasta 20.000 terminales activas en Irán, empleadas fundamentalmente por periodistas, activistas y ciudadanos críticos al régimen.
Retos globales para la libertad de expresión digital
Ya sea a través de normas legales nacionales como la de Puebla, o mediante apagones sistemáticos y control estatal como en Irán, la tendencia a limitar la libertad de expresión en internet va en aumento. Sin embargo, la reacción social y tecnológica también se hace notar. Las nuevas herramientas satelitales o el activismo de grupos de derechos digitales permiten, al menos parcialmente, sortear las restricciones y mantener canales de comunicación abiertos.
En México, el debate sobre cómo equilibrar la protección ante el acoso y el respeto a los derechos fundamentales continúa abierto, con llamados a reformar o matizar leyes que, sin criterios claros, pueden causar efectos indeseados. Al otro lado, en contextos más restrictivos, la resistencia digital se apoya cada vez más en soluciones descentralizadas y tecnologías de difícil control para los gobiernos.