- La llamada 'Ley Espía' en México permite el acceso estatal a datos personales y biométricos.
- Organizaciones de derechos humanos alertan sobre riesgos a la privacidad, la protesta y la labor de activistas.
- El paquete legislativo incluye reformas en telecomunicaciones, población y desapariciones forzadas.
- Las nuevas leyes reflejan un patrón de vigilancia masiva que se está extendiendo por América Latina.
En México, la reciente aprobación de una serie de reformas conocidas popularmente como ‘Ley Espía’ ha desatado un intenso debate público. Diversos sectores sociales –incluyendo organizaciones civiles, familias de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos– expresan su preocupación ante los nuevos mecanismos de acceso estatal a datos personales, biométricos y comunicaciones privadas. Mientras el gobierno asegura que ningún ciudadano será objeto de espionaje sin causa justificada y bajo control judicial, la realidad es que los cambios legislativos abarcan una capacidad de monitoreo sin precedentes en la historia reciente del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete han insistido en que la ley no implica censura ni vigilancia arbitraria, afirmando que el acceso a información personal solo se dará si existe una sospecha de delito y siempre con aval judicial. Sin embargo, el tono del debate se ha vuelto cada vez más polarizado y muchos actores sociales cuestionan si las garantías legales realmente serán suficientes para proteger la privacidad y el libre ejercicio de las libertades fundamentales.
¿Qué implica la nueva ‘Ley Espía’?
La reforma, impulsada y aprobada en un periodo extraordinario, comprende cambios en varias leyes: la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la Ley General de Población y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El objetivo oficial es reforzar la seguridad y agilizar la localización de personas desaparecidas o involucradas en delitos. Pero uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de acceder en tiempo real a bases de datos biométricos, fiscales, bancarios y geolocalización sin necesidad de orden judicial en ciertos supuestos, así como la incorporación obligatoria de una CURP biométrica para casi todos los trámites ciudadanos.
Con la creación de una Plataforma Central de Inteligencia –interconectada con registros públicos, forenses y administrativos– las autoridades pueden monitorear en tiempo real la actividad digital, movimientos financieros y hasta el paradero de cualquier persona considerada de interés. Las reformas también legalizan la intervención de comunicaciones, siempre bajo requerimiento judicial, aunque organizaciones especializadas denuncian lagunas legales y riesgo de abusos.
Críticas, controversias y voces ciudadanas
El llamado de alarma proviene de organizaciones como Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Centro Prodh, quienes advierten sobre una vigilancia masiva e indiscriminada. Según estos colectivos, la normativa puede resultar en invasión a la privacidad, criminalización de la protesta y uso indebido de datos personales. Los familiares de personas desaparecidas, que protestaron simbólicamente en la Cámara de Diputados, denuncian además que el dolor y la urgencia de su causa han sido usados como justificación para establecer sistemas de vigilancia estatal que, en la práctica, no solucionan el drama humanitario ni garantizan búsquedas efectivas.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales cuestiona la creación de la CURP biométrica como una herramienta de control que, lejos de ayudar, abre la puerta a filtraciones, ataques cibernéticos y perfilamientos discriminatorios. La preocupación se agrava ante la desaparición de organismos garantes como el INAI, lo que deja en el aire quién supervisará el uso y protección de los datos recolectados.
Un fenómeno regional: vigilancia legal en América Latina
La experiencia mexicana se inserta en una ola de reformas similares en América Latina. Países como Ecuador, Argentina y El Salvador han aprobado leyes que amplían las facultades de vigilancia estatal sin controles judiciales sólidos. En Venezuela, la vigilancia estructural sigue siendo parte del control político cotidiano. Bajo argumentos de seguridad, estos marcos legales tienden a restringir la labor de organizaciones de la sociedad civil, el periodismo independiente y el activismo social.
Según informes de organismos internacionales, líderes comunitarios, activistas y periodistas se encuentran especialmente expuestos a posibles abusos, pues la normativa suele usarse de manera discrecional para vigilar, intimidar o criminalizar a quienes critican a los gobiernos.
¿Quiénes resultan afectados y cuáles son los riesgos?
Distintos grupos coinciden en alertar que las nuevas leyes no solo impactan a personas investigadas por delitos; cualquier ciudadano puede convertirse en sujeto de monitoreo. Periodistas, familiares de desaparecidos, colectivos feministas y ambientalistas han denunciado que, bajo la excusa del orden, se restringen derechos como la protesta, la libertad de expresión y la intimidad. La creación de bases de datos biométricos conectados a la CURP potencia el riesgo de perfilamientos, discriminación y filtraciones de información. La experiencia previa con el software Pegasus y filtraciones de datos públicos alimenta el temor.
Para quienes rechazan el paquete de reformas, la transparencia y el control judicial real son condiciones irrenunciables. Entre las propuestas ciudadanas se cuentan:
- Exigir rendición de cuentas sobre el uso de herramientas de vigilancia y el destino de los datos.
- Reclamar supervisión judicial efectiva, sin excepciones, en el acceso a datos personales.
- Fortalecer redes de protección entre periodistas, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
- Visibilizar y denunciar internacionalmente los retrocesos legales ante organismos especializados.
- Impulsar educación en seguridad digital y autocuidado colectivo para reducir riesgos.
La aprobación de la ‘Ley Espía’ marca un punto de inflexión en México y se suma a la tendencia continental hacia la vigilancia estatal legalizada. A pesar del discurso oficial que asegura que todo responde a la búsqueda de mayor seguridad, el temor de distintas voces es que el costo sea un receso importante en libertades, privacidad y protección de datos, especialmente en un contexto marcado por la impunidad, la crisis de desaparecidos y la debilidad institucional. La forma en que evolucione la ley y su impacto en la vida pública dependerá en gran medida de la capacidad de la sociedad para informarse, organizarse y exigir límites claros al poder del Estado en el ámbito digital y de las comunicaciones.