- 29 estados de EE.UU. acusan a Meta de diseñar funciones adictivas para menores en Instagram y Facebook.
- La compañía se enfrenta a una posible sanción de hasta 1,4 billones de dólares, según sus propias estimaciones.
- Un precedente en Nuevo México ya le costó a Meta una multa de 567 millones de dólares.
- En España, la ministra Sira Rego impulsa una ley para proteger a los menores en entornos digitales.
La batalla legal más ambiciosa contra las grandes tecnológicas arranca esta semana en un tribunal de Oakland (California). Meta, la matriz de Facebook e Instagram, se sienta en el banquillo para responder a la acusación de 29 estados de Estados Unidos, que la señalan por diseñar productos que generan adicción entre los menores. La demanda, presentada en 2023, sostiene que la compañía de Mark Zuckerberg ha priorizado el lucro sobre la salud mental de los jóvenes.
El caso, que algunos juristas comparan con las demandas contra la industria tabacalera en los años 90, podría acarrear sanciones económicas históricas. La propia Meta estima una exposición máxima de 1,4 billones de dólares, una cifra que roza su valor bursátil y que la empresa califica de «descabellada». Mientras tanto, la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers supervisa un proceso que se prevé dure entre cuatro y ocho semanas, con la declaración prevista de Zuckerberg y del responsable de Instagram, Adam Mosseri.
Un proceso que puede cambiar las reglas del juego
Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey son los que abren este primer juicio, al que se sumarán el resto de estados demandantes en procesos posteriores. La acusación sostiene que Meta ha utilizado «tecnologías poderosas y sin precedentes» para atrapar a los más jóvenes, mediante funciones como el scroll infinito, las notificaciones constantes y los sistemas de «me gusta». Esas herramientas están diseñadas para maximizar el tiempo de uso y, según la demanda, provocan daños físicos y psicológicos a los menores.
Además, se acusa a la compañía de haber recopilado ilegalmente datos personales de niños menores de 13 años, vulnerando la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA). Los demandantes afirman que Meta engañó a los padres asegurando que sus plataformas eran seguras, mientras que informes internos de la propia empresa ya alertaban de los riesgos para la salud mental de los adolescentes.
La defensa de Meta y el impacto económico
Meta, por su parte, rechaza de plano las acusaciones. En un comunicado, la tecnológica califica las alegaciones de «infundadas» y subraya que no hay pruebas de que ningún usuario haya sido engañado. La empresa insiste en que la adicción a las redes sociales no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido, y considera que la reclamación económica de 1,4 billones de dólares es «desproporcionada» y «sin precedentes».
Sin embargo, los números preocupan a los inversores. Meta ya ha destinado más de 2.400 millones de dólares en gastos legales durante el segundo trimestre de 2026, lo que ha provocado una caída del 14% en sus beneficios. Además, hay más de 10.000 demandas individuales y cerca de 800 casos de distritos escolares pendientes en todo el país contra las grandes plataformas por daños a la salud mental juvenil.
El precedente de Nuevo México y la marea de demandas
El caso de Oakland no es un hecho aislado. Hace apenas unas semanas, un juez de Nuevo México condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para jóvenes, además de imponer cambios en el diseño de las aplicaciones. Esa sentencia se ha convertido en un precedente clave para los demandantes, que también apuntan a otras compañías como Google, TikTok o Snap, aunque Meta es la primera en llegar a juicio con un grupo de estados.
En marzo, un jurado de Los Ángeles ya había dictado una condena millonaria contra Meta y YouTube por el diseño adictivo de sus plataformas en el caso de una joven que desarrolló depresión y pensamientos suicidas por el uso de las redes. Estos casos, sumados a la presión social y mediática, han llevado a la compañía a introducir algunas herramientas de protección, como las cuentas para adolescentes en Instagram, lanzadas en 2024. Pero los defensores de la seguridad infantil consideran que son insuficientes.
Reacciones en España y Europa
El impacto de este juicio trasciende las fronteras estadounidenses. En España, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que la ley para proteger a los menores en entornos digitales podría aprobarse «a la vuelta del verano». La normativa impediría el acceso a redes sociales a menores de 16 años cuando el contenido sea perjudicial y pondría la responsabilidad en las grandes plataformas, que deberán garantizar un entorno seguro.
Rego aboga por una regulación que acompañe a las familias, en lugar de una prohibición absoluta, y subraya que «no puede seguir siendo la ley de la selva». Esta iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas europeas para abordar el impacto de las redes en la salud mental de los jóvenes, un tema que ya está en la agenda de la Comisión Europea.
El desenlace del juicio de Oakland se espera para octubre, y sus consecuencias podrían marcar un antes y un después en la forma en que las plataformas digitales tratan a los usuarios más jóvenes. Si los demandantes logran una condena contundente, Meta se vería obligada a rediseñar sus productos y a asumir una factura multimillonaria, mientras que otros gigantes tecnológicos observan con atención un caso que puede redefinir la responsabilidad de las redes sociales en todo el mundo.