- Nuevo real decreto obliga a las telecos a garantizar al menos cuatro horas de servicio en apagones
- Las infraestructuras críticas deberán resistir hasta 24 horas y las intermedias 12 horas sin suministro eléctrico
- Operadores y gestores de infraestructuras deberán presentar planes de seguridad y notificar incidentes en menos de una hora
- El Gobierno estima un coste máximo de 73 millones, pero el sector prevé inversiones de cientos de millones
Las telecos en España tendrán que asegurar al menos cuatro horas de servicio cuando falle la luz, incluso en escenarios de apagones generalizados o desastres naturales. Así lo recoge el borrador del nuevo Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas, que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha enviado a audiencia pública.
El objetivo de esta normativa es blindar las infraestructuras digitales del país y reducir al mínimo el impacto de incidentes graves sobre los usuarios. El texto trata de que, aunque se vaya la corriente, la telefonía móvil, internet y los servicios esenciales sigan funcionando el mayor tiempo posible, especialmente en situaciones de emergencia en las que las comunicaciones se vuelven cruciales.
Obligación de cuatro, doce y hasta veinticuatro horas de autonomía
El borrador fija tres niveles de exigencia de autonomía eléctrica en función de la importancia de las instalaciones. En la parte alta de la escala, las infraestructuras consideradas críticas deberán ser capaces de seguir operando hasta 24 horas sin suministro de red eléctrica. Se trata de elementos especialmente sensibles para la continuidad de los servicios de comunicaciones.
En un escalón intermedio, las infraestructuras catalogadas como de nivel medio deberán contar con al menos 12 horas de funcionamiento garantizado en caso de interrupción del suministro. Aquí se encuadran muchos nodos y equipos que, sin ser críticos, resultan fundamentales para sostener buena parte del tráfico de voz y datos.
El resto de instalaciones, que conforman la mayoría de la red desplegada, tendrán que asegurar una autonomía mínima de cuatro horas en caso de apagón. Esto supone un cambio de escala respecto a la situación actual y obliga a los operadores a revisar a fondo su capacidad de respaldo energético.
La norma pone un foco especial en las redes móviles: se establece que la autonomía de cuatro horas deberá permitir mantener la cobertura al menos al 85% de la población. Para ello, el texto abre la puerta a que las telecos apliquen estrategias de priorización tecnológica, es decir, que puedan decidir qué tecnologías o zonas se mantienen activas primero cuando la energía de respaldo es limitada.
El Gobierno justifica estas obligaciones como una herramienta para garantizar que, incluso en escenarios complicados, el grueso de la ciudadanía pueda seguir realizando llamadas, acceder a datos básicos y recibir comunicaciones de emergencia, al menos durante las primeras horas tras el incidente.
Respuesta a apagones, DANA y crisis recientes
El Ministerio enmarca este movimiento en una respuesta directa a incidentes recientes que han puesto de manifiesto la fragilidad de algunas infraestructuras. Entre ellos, se alude al apagón registrado el pasado abril, a los daños causados por episodios de DANA y también a situaciones de gran impacto como la pandemia de la Covid-19.
En todos estos escenarios, la experiencia ha mostrado que mantener las comunicaciones operativas es clave para la seguridad, la coordinación institucional y la vida cotidiana de los ciudadanos. Por eso, el Ejecutivo quiere reforzar la capacidad de la red para soportar cortes eléctricos prolongados y recuperar la normalidad lo antes posible.
El borrador califica de forma expresa a las redes y servicios de telecomunicaciones como infraestructuras esenciales en contextos de emergencia. Este reconocimiento implica que distintas autoridades públicas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán colaborar activamente en su protección y mantenimiento cuando se produzcan incidentes relevantes.
En la práctica, este enfoque pretende que, en un apagón o catástrofe, las telecos no queden solas ante el problema, sino que exista un marco coordinado de actuación entre operadores, administraciones y cuerpos de seguridad para salvaguardar equipos, facilitar acceso a instalaciones críticas y apoyar las labores de restablecimiento.
Planes de seguridad obligatorios para operadores e infraestructuras
Las nuevas obligaciones alcanzarán tanto a los operadores de telecomunicaciones como a los gestores de infraestructuras digitales consideradas clave. Todos ellos deberán elaborar y presentar un Plan General de Seguridad que detalle cómo se garantiza la resiliencia de la red ante diferentes tipos de incidentes.
Además de ese plan general, la norma exige la redacción de planes específicos por cada tipo de red y servicio. Estos documentos deberán incluir un análisis exhaustivo de las condiciones de autonomía eléctrica de los distintos emplazamientos, las soluciones de respaldo instaladas y los procedimientos previstos para actuar en caso de fallo de suministros.
El texto insiste en la necesidad de que estos planes no sean meros documentos formales, sino que reflejen medidas concretas: desde el dimensionamiento de baterías o generadores hasta los protocolos de priorización de tráfico, pasando por la organización de equipos técnicos de guardia o la logística del combustible para grupos electrógenos.
Esta planificación tendrá que revisarse periódicamente y estará sujeta a la supervisión de la Administración, que podrá requerir ajustes si considera que la autonomía anunciada no se corresponde con la realidad de las instalaciones o con el nivel de riesgo al que están expuestas.
Refuerzo de los centros 112 y del sistema de alertas públicas
Uno de los puntos sensibles del borrador es el refuerzo de la operatividad de los centros de emergencia 112 y de los sistemas de alertas públicas. Estos servicios se consideran especialmente críticos, ya que de su buen funcionamiento depende la capacidad de informar a la ciudadanía y coordinar la respuesta ante desastres o emergencias graves.
La norma busca que los centros 112 y las plataformas de aviso masivo dispongan de garantías adicionales de continuidad, tanto en términos de conectividad como de energía, de forma que sigan enviando y recibiendo información incluso si gran parte de la red está bajo presión por un apagón o un incidente técnico de gran escala.
Transformación Digital plantea también mejorar la transparencia y la gestión de crisis mediante reglas de notificación más exigentes. La idea es que las autoridades dispongan de información rápida y fiable para coordinar recursos y decidir prioridades cuando se produce una avería relevante.
Notificación de incidentes en menos de una hora
El borrador detalla un esquema de comunicación de incidencias que obliga a los operadores a emitir un primer aviso a la autoridad competente como máximo una hora después del inicio de un suceso que afecte a la red. No se trata solo de cortes masivos, sino de cualquier incidente que pueda alcanzar un impacto significativo.
A partir de ese primer aviso, los operadores deberán proporcionar notificaciones intermedias periódicas en las que actualicen la situación, expliquen la evolución del problema y estimen los plazos de recuperación del servicio. Una vez resuelta la incidencia, tendrán que enviar una notificación final.
El proceso se cierra con la elaboración de un informe detallado posterior, en el que se analicen las causas del incidente, el alcance real sobre los usuarios, los servicios comprometidos, las medidas adoptadas para mitigarlo y las lecciones aprendidas para evitar que vuelva a repetirse en los mismos términos.
El texto también establece criterios para clasificar los incidentes como «significativos» o «menores». Esta categorización se basará en factores como el número de usuarios afectados, la duración de la interrupción, el área geográfica implicada o el tipo de servicios impactados (por ejemplo, si afecta a emergencias, a comunicaciones críticas o a servicios residenciales).
Coste estimado y supervisión de la nueva normativa
Según los cálculos incluidos en el borrador, el coste total de aplicar todas las medidas de resiliencia oscilaría entre 51 y 73 millones de euros para el conjunto del sector. La estimación se basa en una inversión unitaria por emplazamiento de unos 7.000 euros, cifra que ya contempla un descuento por volumen del 30% en la adquisición de equipamiento.
Con estos números, el Ejecutivo sostiene que la inversión es «proporcional y equilibrada» si se tiene en cuenta el impacto potencial de los incidentes que se quieren evitar o mitigar. Además, el Gobierno subraya que el impacto presupuestario directo para el Estado sería «nulo», ya que las tareas de supervisión, coordinación y respuesta se apoyarán en estructuras administrativas que ya existen.
La vigilancia del cumplimiento recaerá en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que también asumirá la coordinación de la nueva Mesa de coordinación de seguridad y resiliencia. Este órgano servirá de punto de encuentro entre Administración y sector para seguir la implantación de la norma y abordar ajustes futuros si fueran necesarios.
Choque de cifras: lo que dicen las telecos
Pese a las estimaciones oficiales, fuentes del sector consideran que el coste real de garantizar cuatro horas de servicio en caso de apagón será muy superior y podría escalar hasta varios cientos de millones de euros. El motivo es que, más allá del cálculo teórico por emplazamiento, la adaptación de la red plantea problemas técnicos y logísticos de gran envergadura.
Para mantener la telefonía móvil operativa sin suministro, los operadores deben equipar los emplazamientos con baterías de alta capacidad o generadores de gasóleo. Estos sistemas son caros, voluminosos, pesan bastante y, en el caso de las baterías, requieren cambios periódicos. Además, necesitan revisiones de mantenimiento y, en el caso de los generadores, una gestión constante del combustible.
En las zonas rurales, donde muchas torres se encuentran en terrenos amplios o instalaciones dedicadas, la incorporación de estos equipos suele ser más sencilla desde el punto de vista físico. Sin embargo, el desafío se multiplica en las ciudades, donde la mayoría de las antenas están instaladas en azoteas de edificios residenciales o comerciales.
Aunque muchos emplazamientos ya cuentan con algún tipo de sistema de respaldo, el salto que exige el decreto —especialmente para alcanzar las cuatro horas garantizadas y, en algunos casos, las 12 o 24— puede requerir una modernización masiva de la infraestructura. Para el sector, eso implica destinar partidas importantes de inversión en un contexto en el que las telecos ya afrontan presión competitiva, caída de ingresos por usuario y limitaciones de gasto.
Impacto sobre operadores y empresas de torres
El esfuerzo económico no solo recae sobre los grandes operadores de red móvil y fija. También afecta a las empresas propietarias de torres y emplazamientos, como Cellnex o Vantage Towers, que gestionan buena parte de la infraestructura pasiva utilizada por las telecos.
Estas compañías solo acometerán inversiones significativas en baterías, generadores o refuerzo de estructuras si los operadores les garantizan una rentabilidad adecuada mediante contrato. Esa rentabilidad, a su vez, acaba trasladándose a los costes que soportan las telecos por alquilar los emplazamientos, lo que incrementa el gasto operativo del sector.
En un escenario en el que los operadores ya deben elegir cuidadosamente dónde ponen cada euro —entre ampliar capacidad de red, mejorar cobertura, desplegar nuevas tecnologías o mantener los precios competitivos—, la obligación de reforzar la resiliencia eléctrica puede llevarles a desviar recursos desde otras áreas consideradas también estratégicas.
A medio plazo, el sector teme que el aumento de costes pueda influir en decisiones sobre el ritmo de despliegue de nuevas redes o en la priorización de inversiones en determinadas zonas, especialmente en aquellas donde el retorno financiero es más ajustado. No obstante, el debate sigue abierto mientras el decreto continúa en fase de audiencia pública.
La propuesta del Gobierno persigue que, ante un apagón eléctrico o un fenómeno extremo, las redes de telecomunicaciones sigan siendo un soporte fiable para la ciudadanía y los servicios de emergencia, aunque ello implique un esfuerzo económico y técnico considerable para los operadores y propietarios de infraestructuras, que deberán adaptar sus redes para cumplir con la nueva exigencia de al menos cuatro horas de servicio garantizado y, en muchos casos, resistir incluso mucho más allá de ese umbral.
