- Desde el 2 de agosto, los sistemas de IA deben informar a los usuarios cuando interactúan con una máquina.
- La Oficina Europea de IA podrá supervisar modelos generativos e imponer multas de hasta 15 millones de euros.
- Las marcas de agua para contenidos generados por IA serán obligatorias a partir de diciembre.
- España tramita su propia ley de gobernanza de la IA para adaptar el reglamento comunitario.
La Unión Europea ha puesto en marcha una nueva etapa en la regulación de la inteligencia artificial. Desde este domingo 2 de agosto, las empresas y organizaciones que desarrollan o utilizan sistemas de IA deben cumplir con obligaciones de transparencia que afectan a chatbots, asistentes virtuales y contenidos generados por máquinas. La medida forma parte del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la primera norma integral de este tipo a nivel mundial, y busca que los ciudadanos sepan en todo momento cuándo están tratando con una máquina o ante material alterado por estas tecnologías.
Además de las exigencias de transparencia, la Comisión Europea ha ampliado las competencias de la Oficina de Inteligencia Artificial, que desde ahora puede supervisar los modelos de propósito general y sancionar a quienes incumplan las nuevas reglas con multas que pueden alcanzar los 15 millones de euros o el 3% de la facturación global. Aunque el marco normativo arranca ya, incluye excepciones que aplazan su aplicación plena en supuestos concretos, como el etiquetado de contenidos, que será obligatorio a partir de diciembre.
Transparencia y supervisión: las claves de la nueva fase
Desde el 2 de agosto, los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse de forma que los usuarios identifiquen sin duda que están interactuando con una máquina. Esto afecta a asistentes como ChatGPT, Gemini o Claude, así como a chatbots de atención al cliente y herramientas de gestión de denuncias. La obligación también alcanza a quienes emplean IA para reconocer emociones o realizar categorización biométrica, que deberán advertir a las personas cuando estén siendo analizadas, salvo en los casos permitidos por ley para prevenir o perseguir delitos.
La Oficina Europea de IA asume desde ahora la supervisión de los modelos generativos. Podrá requerir información a empresas como Anthropic, acceder a sistemas como Mythos para evaluar riesgos y ordenar medidas correctoras. Bruselas ha constituido un panel científico de 60 expertos independientes y ha habilitado canales para que ciudadanos y empresas comuniquen posibles incumplimientos. Este control se comparte con las autoridades nacionales, mientras que el Supervisor Europeo de Protección de Datos vigilará los sistemas usados por las instituciones de la UE.
Multas millonarias y nuevas prohibiciones en camino
El régimen sancionador de la ley es especialmente severo. Las infracciones más graves, como el uso de sistemas de riesgo inaceptable, pueden acarrear multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual global. Para las violaciones de las obligaciones de transparencia, la sanción máxima es de 15 millones o el 3% de la facturación. Si el incumplimiento corresponde a instituciones u organismos de la UE, la multa puede llegar a 750.000 euros.
Desde el 2 de diciembre de 2026 entrarán en vigor nuevas prohibiciones. Quedará vetada la creación de imágenes sexualizadas mediante IA sin consentimiento, así como cualquier sistema destinado a generar material de abuso sexual infantil. Esta medida se acordó tras la polémica por las imágenes generadas con Grok, la herramienta de la red social X, que dispondrá hasta final de año para implantar salvaguardas. Además, los contenidos manipulados —textos, imágenes, vídeos o audios— deberán incorporar marcas de agua legibles por máquina para que los ciudadanos identifiquen su origen artificial.
El calendario de la ley: plazos para empresas y desarrolladores
La aplicación del Reglamento Europeo de IA es progresiva y se extenderá hasta 2028. Tras la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia este agosto, el siguiente hito será el 2 de diciembre de 2026 con las nuevas prohibiciones y el etiquetado obligatorio. Las normas para los sistemas de alto riesgo, como los utilizados en sanidad, educación, empleo o concesión de créditos, se aplicarán a partir del 2 de diciembre de 2027, según el paquete Omnibus digital que retrasó algunos requisitos. Finalmente, el 2 de agosto de 2028 será el turno de los sistemas de IA integrados en productos ya regulados, como dispositivos médicos, vehículos o juguetes.
Los proveedores de sistemas de IA de propósito general deberán garantizar que los contenidos generados incorporen un marcado que permita detectar su origen. Quienes desplieguen estas herramientas para informar al público sobre asuntos de interés general —política, salud, procesos electorales— tendrán que revelar que el contenido ha sido generado por IA, a menos que exista una revisión humana real y una persona asuma la responsabilidad editorial. Las correcciones meramente formales, como ortográficas, no se consideran suficientes.
España se prepara para adaptar la normativa europea
El Gobierno español impulsa el proyecto de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, actualmente en tramitación parlamentaria. La futura norma no crea un régimen distinto al europeo, sino que adapta su aplicación al ordenamiento jurídico español, definiendo las autoridades competentes, el sistema de supervisión y el procedimiento sancionador. La Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) será la encargada de vigilar el cumplimiento en el país.
Según un estudio de la consultora Entelgy, cerca del 70% de las grandes empresas ya ha iniciado algún proceso de adaptación a la normativa. Las medidas más extendidas son la formación de empleados en uso responsable de la IA (70,7%), la creación de un comité de gobernanza (47,3%) y el establecimiento de políticas internas. La consultora advierte de falsas creencias, como pensar que es necesario esperar a una ley nacional para cumplir o que basta con un proveedor tecnológico con garantías. El reglamento europeo es de aplicación directa y el riesgo depende del uso que se haga del sistema, no solo de la herramienta.
Con la entrada en vigor de estas nuevas obligaciones, la Unión Europea da un paso decisivo hacia un modelo de inteligencia artificial basado en la responsabilidad y la transparencia. El reglamento seguirá incorporando medidas de forma escalonada durante los próximos años, con distintos plazos de adaptación para empresas y desarrolladores según el tipo de sistema. El objetivo es impulsar la innovación tecnológica al mismo tiempo que se refuerza la protección de los derechos fundamentales, la seguridad y la confianza de los ciudadanos, convirtiendo el cumplimiento normativo en un nuevo elemento de competitividad para las organizaciones que operan en el mercado europeo.
