- Indotel abre un proceso de consulta pública para actualizar la Ley General de Telecomunicaciones 153-98.
- El borrador de reforma amplía el alcance regulatorio a OTT, comercio electrónico y Centros de Datos.
- Se incorporan nuevos capítulos sobre protección de usuarios y ciberseguridad, alineados con estándares internacionales.
- El periodo para enviar aportes va del 23 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026, mediante correo electrónico habilitado por el regulador.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ha puesto en marcha un amplio proceso de consulta pública para revisar a fondo la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, la norma que ha marcado las reglas del juego del sector durante casi tres décadas. Con esta iniciativa, el regulador busca adecuar el marco jurídico a un ecosistema completamente digitalizado, donde conviven servicios tradicionales, plataformas en línea y nuevos modelos de negocio.
La apertura de la consulta llega en un momento en el que las telecomunicaciones y los servicios digitales se han convertido en infraestructuras esenciales, tanto para la economía como para la vida cotidiana. El organismo regulador plantea una reforma de calado que, más allá de ajustes técnicos, pretende redefinir las bases de la competencia, la protección al usuario y la ciberseguridad, siguiendo de cerca las experiencias regulatorias de Europa y otros mercados avanzados.
Según ha comunicado el organismo, ya está disponible un borrador con los criterios y orientaciones preliminares de la futura reforma legislativa. Este documento, acompañado de un cuadro sinóptico con las principales modificaciones, servirá de punto de partida para que operadores, expertos, academia, organizaciones sociales y ciudadanía puedan remitir sus comentarios y sugerencias.
El proceso se caracteriza por una apuesta clara por la transparencia y la participación abierta. El regulador ha publicado la documentación en sus canales oficiales y ha invitado a todos los actores del ecosistema a revisar detenidamente la propuesta, con la idea de enriquecerla con visiones técnicas, jurídicas, económicas y sociales antes de dar el salto a un anteproyecto de ley formal.
Para canalizar las aportaciones, la institución ha habilitado un correo electrónico específico (consultapublica@indotel.gob.do), al que deberán enviarse opiniones, propuestas de redacción, observaciones técnicas y cualquier sugerencia vinculada al texto de reforma. De este modo se busca dejar constancia escrita de todos los aportes y facilitar su sistematización de cara a la siguiente fase del proceso legislativo.
El calendario definido por el regulador sitúa el inicio de recepción de contribuciones el martes 23 de diciembre de 2025, extendiéndose el plazo hasta el viernes 30 de enero de 2026. Se trata de un periodo de algo más de un mes durante el cual se espera una intensa actividad por parte de operadores, asociaciones sectoriales, especialistas en derecho digital y colectivos de usuarios.
Esta fase de consulta pública se concibe como un paso previo imprescindible para construir una propuesta de reforma integral de la Ley 153-98. La meta es contar con un texto actualizado, coherente con las dinámicas del mercado y alineado con los compromisos internacionales del país, en sintonía con estándares regulatorios que se observan en la Unión Europea en materia de telecomunicaciones y servicios digitales.
Una ley nacida en la era analógica que debe adaptarse al entorno digital
La Ley General de Telecomunicaciones 153-98 ha sido durante 27 años el pilar normativo para la prestación de servicios, el desarrollo del mercado y la competencia en el sector. Sin embargo, el contexto en el que se aprobó era eminentemente analógico, muy alejado del escenario actual dominado por la banda ancha, la telefonía móvil avanzada, las plataformas de streaming y los servicios en la nube.
Desde el regulador se subraya que el avance tecnológico, la convergencia digital y la irrupción de nuevos modelos de negocio han dejado desfasadas muchas disposiciones de la norma vigente. Hoy, los límites entre telecomunicaciones, servicios audiovisuales, comercio electrónico y servicios OTT son cada vez más difusos, lo que exige un marco que tenga en cuenta esa realidad híbrida.
La reforma planteada busca precisamente captar esa convergencia entre redes, contenidos y servicios, siguiendo tendencias regulatorias que ya se observan en distintos países europeos, donde las autoridades han ido ampliando el foco más allá de los operadores tradicionales para abarcar a un ecosistema digital mucho más amplio.
De acuerdo con las orientaciones preliminares, la actualización de la ley persigue dotar al país de una regulación moderna, flexible y tecnológicamente neutra, que permita atender la rápida evolución de servicios como el streaming, las comunicaciones IP, las plataformas en la nube o los servicios de mensajería over-the-top, sin necesidad de constantes cambios legislativos.
El presidente del Consejo Directivo del regulador, Guido Gómez Mazara, ha insistido en que la ley de finales de los noventa fue concebida en un contexto muy distinto, y que el reto actual pasa por colocar al ciudadano en el centro de la política pública, reforzar la inclusión digital y garantizar que la regulación acompañe, y no frene, la innovación y la inversión en infraestructuras.
Alcance de la reforma: OTT, comercio electrónico y Centros de Datos
Uno de los aspectos más relevantes del borrador es la decisión de ampliar el ámbito de aplicación de la ley para abarcar no solo los servicios clásicos de telecomunicaciones, sino también una parte significativa de los servicios digitales que hoy operan sobre las redes. Esto se materializa en la intención de incluir dentro del marco regulado a servicios OTT, plataformas de streaming y comercio electrónico en aquellos aspectos en que resulte necesario para proteger al usuario y asegurar condiciones de competencia razonables.
En la misma línea, la propuesta de reforma introduce una figura clave en el entorno digital contemporáneo: los Centros de Datos. El borrador prevé definir qué se entiende por centro de datos, cuáles son sus elementos de red críticos y faculta al Estado para regular su disponibilidad y seguridad. Esta orientación encaja con la tendencia internacional a considerar los centros de datos como infraestructuras estratégicas, algo que también se está consolidando en la regulación europea.
El documento preliminar recoge además la intención de ajustar y actualizar el catálogo de definiciones de la ley, con el fin de evitar ambigüedades y asegurar que conceptos como servicios de telecomunicaciones, servicios digitales asociados a las TIC, operadores y proveedores de plataformas se entiendan de manera uniforme tanto por el regulador como por los agentes del mercado.
Dentro de los objetivos generales de la ley revisada se plantea incorporar la promoción de la innovación y del ecosistema digital, sin perder de vista la necesidad de garantizar el acceso equitativo y asequible a los servicios por parte de la población. Esta combinación de estímulo a la inversión y protección social es una constante en las reformas que se observan en otros entornos regulatorios, especialmente en Europa y Latinoamérica.
El regulador también propone que la nueva normativa sirva para reforzar la autonomía técnica y normativa del propio organismo, aumentando la transparencia y previsibilidad de sus decisiones. Entre otras cosas, se contempla consagrar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de los servicios como principios transversales, lo que se traduce, por ejemplo, en integrar dentro del cuerpo legal el principio de neutralidad de la red y una referencia más explícita a la seguridad digital.
Concesiones, espectro y compartición de infraestructuras
Otro capítulo de relevancia en la propuesta tiene que ver con el régimen de concesiones, licencias y uso del espectro radioeléctrico. El borrador apuesta por un modelo simplificado de títulos habilitantes que sustituya el sistema actual, basado en concesiones por tipo de servicio, por un esquema más flexible que facilite la entrada y operación de nuevos actores.
Pese a esta simplificación, el regulador deja claro que se mantendrán las licencias individuales para la explotación del espectro y para los servicios satelitales. Dichas licencias seguirán adjudicándose mediante concursos públicos, en línea con las prácticas de transparencia y competencia que se observan en los mercados europeos para la asignación de bandas radioeléctricas estratégicas.
El borrador recoge, además, la intención de declarar de interés público y social la compartición de infraestructuras pasivas, como torres, ductos o postes, entre los distintos operadores. Esta medida busca reducir costes redundantes, acelerar el despliegue de redes digitales de última generación y minimizar el impacto urbanístico y medioambiental de las obras.
En materia de interconexión, la propuesta establece que el regulador estará facultado para fijar cargos de acceso e interconexión entre redes cuando sea necesario, una herramienta habitual en la regulación europea para garantizar mercados mayoristas equilibrados y prevenir conductas anticompetitivas.
El texto preliminar también menciona la creación de una agenda digital con parámetros de financiación claros, de modo que las políticas de conectividad, inclusión y desarrollo de infraestructuras cuenten con objetivos definidos y fuentes de recursos identificadas. Todo ello se plantea en coherencia con estrategias digitales nacionales y regionales que otros países vienen implementando en los últimos años.
Nuevos capítulos: protección de usuarios y ciberseguridad
Una de las novedades más destacadas de la propuesta es la incorporación de dos capítulos específicos dedicados a la protección de los usuarios y a la ciberseguridad, ámbitos que han cobrado un peso central en la regulación contemporánea de las comunicaciones electrónicas.
En lo relativo a los usuarios, el borrador propone actualizar y ampliar el catálogo de principios, derechos y garantías en el entorno de las TIC y los servicios digitales. Entre otros, se contemplan el principio de no discriminación y de trato equitativo, el derecho a recibir información clara y transparente, y el derecho a una calidad mínima en los servicios, con parámetros objetivos que permitan exigir responsabilidades a los proveedores.
El documento también plantea reforzar la protección frente a prácticas abusivas y comunicaciones no deseadas, incluyendo medidas contra el spam y otros mecanismos intrusivos de captación comercial. Asimismo, se menciona la posibilidad de garantizar acceso gratuito o asequible a servicios públicos esenciales a través de las redes, en línea con políticas de servicio universal que ya se aplican en diversos países europeos.
En el caso de los proveedores OTT y plataformas digitales, la reforma prevé exigir estándares mínimos obligatorios en determinados ámbitos, con el fin de evitar desequilibrios regulatorios respecto a los operadores tradicionales y asegurar que todos los actores que intervienen en la cadena de valor digital asuman ciertas obligaciones básicas de protección al usuario.
El capítulo dedicado a la ciberseguridad se centra en dotar al regulador de facultades para garantizar la integridad, disponibilidad y resiliencia del sistema de telecomunicaciones. Esto incluye la capacidad de dictar normas técnicas, coordinarse con otros organismos de seguridad, exigir planes de prevención y respuesta frente a incidentes y promover una cultura de seguridad digital entre operadores y usuarios.
En conjunto, la reforma busca que el país cuente con un marco legal más robusto frente a amenazas cibernéticas, algo que se ha convertido en prioridad global y que, en el contexto europeo, se aborda a través de directivas específicas y marcos de cooperación entre Estados, reguladores y operadores críticos.
La iniciativa de abrir una consulta pública amplia para reformar la Ley General de Telecomunicaciones apunta a un cambio de etapa en la regulación del sector, con una norma que pretende dejar atrás su enfoque analógico para abrazar de lleno la realidad digital actual. Con la inclusión de servicios OTT, comercio electrónico y Centros de Datos, el refuerzo de la autonomía del regulador, la simplificación de concesiones y la creación de capítulos específicos sobre protección de usuarios y ciberseguridad, el país se encamina hacia un modelo regulatorio más cercano a los estándares europeos, en el que innovación, competencia y derechos de la ciudadanía deban convivir bajo un mismo paraguas jurídico.
