- Desde 2015 se acelera el repunte: el 43% de los 200 peores sucesos se concentra en la última década.
- Las pérdidas económicas se han multiplicado por cuatro desde 1980 y los incendios mortales se han triplicado.
- Clima extremo y factores humanos (interfaz urbano-forestal, uso del suelo, políticas de supresión) impulsan el riesgo.
- La prevención y la mitigación son más rentables que la extinción; se pide gestión de combustibles, viviendas seguras y datos abiertos.
Los incendios forestales han pasado a ser un problema crónico y de alcance global, con episodios más frecuentes y costosos que nunca. Un análisis dirigido por la Universidad de Tasmania, publicado en la revista Science, sintetiza décadas de datos y confirma una tendencia que ya se intuía: convivimos con una escalada sostenida de emergencias cuya factura humana y económica no deja de crecer.
El trabajo integra fuentes internacionales de referencia y muestra que casi la mitad de los siniestros más dañinos de los últimos 44 años se concentran en la última década. La aceleración es nítida desde 2015 y evidencia la necesidad de adaptarse a un mundo más propenso al fuego, replanteando tanto la gestión del territorio como las políticas públicas.
Evidencias de un repunte global desde 2015
Para resolver la escasez de información comparable a largo plazo, el equipo armonizó dos fuentes clave: NatCatSERVICE (Munich Re) y la base pública EM-DAT. Con ellas analizó 1980–2023 y catalogó como “desastres” los incendios con 10 o más víctimas mortales o entre las 200 mayores pérdidas económicas relativas al PIB de cada país.
Las cifras son contundentes: los grandes desastres económicos por fuego se han más que cuadruplicado desde 1980, mientras que la frecuencia de episodios con víctimas se ha triplicado. El ritmo cambia a partir de 2015, cuando se dispara la coincidencia de condiciones meteorológicas extremas y mayor exposición humana.
Los autores subrayan un obstáculo añadido: en muchos países los datos sobre pérdidas siguen sin ser plenamente accesibles. Sin notificaciones estandarizadas y registros abiertos, es difícil evaluar tendencias, valorar la adaptación y aprender de lo ocurrido en otros lugares.
El mayor peligro se observa donde los días de fuego de alta energía coinciden con zonas densamente pobladas y con activos de gran valor. Esa superposición explica por qué los daños económicos crecen incluso allí donde la experiencia en gestión es amplia.
Impactos sociales y económicos: dónde golpea más
La cuenca mediterránea, el sur de Australia, el oeste de Norteamérica y partes de Chile figuran entre las áreas de riesgo más elevado. En estos territorios coinciden vegetación altamente inflamable, extremos meteorológicos favorables al fuego y núcleos urbanos expuestos.
Más allá del balance material, los incendios dejan una huella profunda en salud pública, desplazamientos y pérdida de medios de vida. El humo agrava problemas respiratorios, las evacuaciones tensan los servicios de emergencia y la recuperación económica puede prolongarse años, especialmente donde el turismo y el sector forestal son estratégicos.
En la última década se han registrado episodios con pérdidas millonarias y devastación de miles de viviendas. Estos sucesos, que antes se consideraban excepcionales, aparecen ahora con una regularidad inquietante en contextos urbanos periféricos y corredores metropolitanos.
El aumento del coste no se limita a indemnizaciones o reconstrucción: los presupuestos públicos soportan gastos crecientes de extinción y de atención a emergencias, mientras el sector asegurador recalibra coberturas y primas en áreas de riesgo recurrente.
Aunque los biomas propensos al fuego siguen concentrando los desastres más severos, se observan impactos relevantes en márgenes de áreas urbanas prósperas. Donde se construye más y hay activos de mayor valor, la factura económica escala con mayor rapidez.
De la reacción a la prevención: qué hacer
Un segundo artículo en Science, con un caso de estudio en Columbia Británica (Canadá), plantea una encrucijada de política pública: seguir priorizando la respuesta y la recuperación o virar decididamente hacia mitigación y prevención a gran escala.
La evidencia indica que invertir en prevención puede ser órdenes de magnitud más eficiente que depender de la extinción. Algunos análisis estiman eficiencias de hasta 600 veces frente al gasto reactivo, aunque los beneficios se materializan a medio y largo plazo.
En esa provincia se han quemado más de 7 millones de hectáreas en la última década, con costes directos que superan los 4.800 millones de dólares, sin incluir impactos en salud y productividad. El desafío es sostener financiación y apoyo social durante décadas.
La adaptación debe ser multinivel: normas de edificación y rehabilitación para viviendas más seguras, creación de espacios defendibles alrededor de los inmuebles, planes de evacuación y comunicación eficaces, y gestión de combustibles en los paisajes circundantes.
No existe una receta única. La gestión del combustible debe adecuarse al contexto: quemas prescritas en condiciones controladas, pastoreo dirigido (por ejemplo, con cabras) y desbroce mecánico allí donde la vegetación densa lo exige.
La planificación a escala de paisaje se beneficia de conocimientos indígenas, que históricamente favorecieron mosaicos de áreas quemadas y no quemadas, humedales y bosques mixtos que limitaban la propagación y reducían la intensidad del fuego. Experiencias con la Nación Ktunaxa y la Nación Lillooet demuestran el potencial de estos enfoques en millones de hectáreas.
Para consolidar el cambio son clave datos transparentes, cooperación entre administraciones, ciencia y comunidades, y marcos legales que faciliten invertir de manera sostenida en mitigación. Explicar con claridad los sacrificios de corto plazo —como el humo de una quema prescrita— ayuda a cimentar la aceptación pública.
Con un clima que favorece temporadas cada vez más largas y severas, el balance es claro: los incendios forestales están aumentando en número y en coste por la confluencia de calor extremo y exposición humana. La respuesta eficaz pasa por anticiparse y prepararse para un desastre natural, rediseñar el territorio y priorizar la prevención basada en evidencia, apoyada en información abierta y en la colaboración entre niveles de gobierno y ciudadanía.
