- Establece la entrada en vigor de la normativa para el año 2027 tras su paso por el Parlamento.
- Regula de forma inédita en España el uso de la Inteligencia Artificial y el derecho a la desconexión del alumnado.
- Limita el uso de dispositivos individuales a partir de quinto de Primaria y de móviles pedagógicos desde tercero de la ESO.
- Refuerza la autoridad del profesorado en el ámbito virtual y prohíbe las grabaciones de clases sin permiso.
Tras un proceso de escucha activa que ha recogido casi un millar de propuestas ciudadanas, la intención es que el nuevo marco legal esté plenamente operativo en el horizonte de los próximos años. Se trata de una iniciativa legislativa sin precedentes en el territorio nacional que pone el foco en la seguridad, la privacidad y la convivencia tecnológica dentro de la comunidad educativa.
La Inteligencia Artificial bajo control humano
La ley es tajante al prohibir el uso de tecnologías que rastreen las emociones o utilicen el reconocimiento facial dentro del entorno escolar. Lo que se busca es que estos sistemas sirvan únicamente para detectar problemas de aprendizaje de forma precoz, adaptando los ritmos de trabajo a cada chaval de manera individualizada y siempre bajo supervisión experta.
Nuevas reglas para móviles y dispositivos electrónicos
En este sentido, la normativa quiere blindar el bienestar de los estudiantes estableciendo el derecho a la desconexión digital fuera del horario de clases. Es una forma de trasladar lo que ya existe en el mundo del trabajo al ámbito escolar, asegurando que los alumnos puedan disfrutar de su tiempo libre sin la presión de las notificaciones constantes o las tareas digitales obligatorias en horas de descanso.
Protección de la labor docente y formación continua
Además, se pone fin a la grabación descontrolada de las sesiones lectivas, quedando prohibido captar audio o vídeo sin un permiso previo y expreso. Las únicas excepciones serán aquellas con fines puramente pedagógicos o de apoyo, como facilitar el seguimiento de las clases a alumnos con necesidades especiales que necesiten repasar el contenido en sus hogares de forma segura.
La futura ley no solo ordena el uso de aparatos, sino que impulsa una identidad digital segura para los escolares y obliga a los centros a usar canales de comunicación oficiales, dejando de lado aplicaciones de mensajería personales. La apuesta por una formación digital obligatoria para el profesorado completa un círculo que pretende situar a la educación gallega en un escenario de calidad y protección ante los retos que plantea el siglo XXI.