- La implantación de IA en las Administraciones Públicas genera debate por el uso y control del dinero público.
- Numerosos proyectos han enfrentado críticas por su efectividad y falta de resultados tangibles.
- Expertos y organizaciones denuncian la escasa participación ciudadana y la ausencia de evaluación ética.
- Nuevos planes gubernamentales buscan emplear IA para mejorar la transparencia y combatir la corrupción en el sector público.
El despliegue de herramientas de inteligencia artificial (IA) en proyectos financiados con dinero público ha ido en aumento en los últimos años en España, situando este asunto en el punto de mira tanto mediático como ciudadano. Administraciones de todos los niveles —desde ministerios hasta gobiernos regionales y diputaciones— han hecho bandera del uso de nuevas tecnologías, con la promesa de modernizar los servicios y agilizar la burocracia, aunque no siempre con los resultados esperados.
Experiencias recientes como el lanzamiento del chatbot MeQA por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) han ilustrado algunas de las dificultades que enfrentan estas iniciativas. El sistema, anunciado con gran entusiasmo por la ministra de Sanidad y presentado como una herramienta pionera para resolver dudas sobre medicamentos, fue retirado a las pocas horas debido a sus numerosos fallos, dejando en evidencia los desafíos que afrontan los proyectos de IA públicos cuando no están suficientemente testeados o no responden a necesidades reales de la ciudadanía.
El peso del marketing político y la competencia institucional
La tendencia a equiparar innovación tecnológica con modernización efectiva ha servido a menudo para impulsar rápidamente proyectos que luego no se consolidan a largo plazo. Esta carrera por destacar en el uso de IA responde, según algunos profesionales, a una dinámica de competencia interna entre administraciones, más preocupadas por obtener titulares que por la solución de problemas cotidianos.
Ingenieros y analistas, como Jaime Gómez-Obregón, han documentado numerosos ejemplos donde la IA se presenta como “fórmula mágica” para actualizar los servicios públicos, aunque muchas veces los resultados distan de lo prometido. Se repiten historias de portales y soluciones digitales inauguradas y promocionadas, pero que poco tiempo después quedan obsoletas o cierran sin apenas impacto ni explicación pública.
Esta fiebre por adoptar la última tecnología ha dejado una estela de proyectos digitales financiados con dinero público que, tras ser presentados a bombo y platillo, desaparecen silenciosamente. Así ocurrió, por ejemplo, con docenas de plataformas de comercio electrónico municipales lanzadas durante la pandemia y cerradas meses más tarde por falta de uso o interés ciudadano.
La opacidad y la falta de seguimiento: un problema crónico
Una de las dificultades añadidas en el control del gasto público dedicado a la IA es su “huella digital invisible”, según apunta Gómez-Obregón. Si en la obra civil era sencillo identificar inversiones fallidas —como aeropuertos sin aviones— en el entorno digital los errores pasan desapercibidos, ya que el cierre de una web o un chatbot sin éxito no deja vestigios físicos ni genera protestas, lo que dificulta la rendición de cuentas.
Además, la estructura del sector tecnológico demanda actualizaciones, mantenimiento y mejoras continuas, un aspecto que raramente se contempla en estos proyectos públicos. El resultado es una repetición constante de errores y un derroche continuo de recursos que no siempre se traduce en avances palpables para la vida de los ciudadanos.
Participación y ética: los grandes ausentes en la contratación de IA pública
Diversas organizaciones, como ParticipationAI, han estudiado los procesos de adquisición de sistemas de IA por parte de las administraciones y han detectado una preocupante ausencia de participación ciudadana y de supervisión ética. En muchos casos la decisión de implementar IA parte de la voluntad política, sin ser sometida a debate ni consultar a las comunidades afectadas y a las entidades de la sociedad civil.
El informe publicado por ParticipationAI y la Universitat Oberta de Catalunya concluye que, en la mayoría de casos, la contratación de sistemas de IA públicos sigue modelos burocráticos heredados, sin adaptación a las particularidades de esta tecnología ni valoración suficiente de sus riesgos sociales, legales y éticos.
Transformar la gestión: de la búsqueda de titulares a la responsabilidad pública
Los expertos insisten en que el reto no es la tecnología en sí, sino el modo en que se toman las decisiones en torno a su aplicación y control. Integrar la participación ciudadana y la evaluación ética desde el inicio de cada proyecto es visto como vital para evitar el despilfarro y asegurar que la IA realmente aporte beneficios tangibles.
Algunas administraciones han logrado introducir la IA con éxito en determinados ámbitos, especialmente cuando la tecnología se ha puesto al servicio de finalidades claras y tras un proceso transparente y colaborativo, como ocurre con los sistemas de información geográfica desarrollados en Cantabria. Este tipo de experiencias son un ejemplo de cómo puede lograrse una gestión responsable de los fondos públicos en proyectos de IA.
La IA como herramienta de control en la lucha contra la corrupción
En respuesta a los escándalos recientes y las demandas de mayor transparencia, el Gobierno ha anunciado el despliegue de sistemas de IA para controlar y analizar las contrataciones públicas. Se busca con ello identificar patrones anómalos y posibles fraudes, además de fortalecer los controles internos a través de una nueva Agencia de Integridad Pública.
Este plan abarca desde la extensión de sistemas ya empleados con los fondos Next Generation a toda la Administración, hasta la introducción de aplicaciones basadas en IA en la plataforma de contratación estatal, pasando por auditorías independientes y refuerzo de las medidas preventivas y punitivas contra la corrupción administrativa.
Destacan también medidas orientadas a fortalecer la transparencia, la vigilancia sobre partidos políticos con financiación pública y la formación de funcionarios en integridad. Todo ello busca ofrecer al ciudadano garantías de que el dinero público destinado a IA se emplea con rigor y dentro de los valores del servicio público.
Las experiencias fallidas y el debate social sobre su utilidad y control han puesto de manifiesto la necesidad de repensar los procesos, fomentar la participación y garantizar una gestión responsable, ética y transparente. Solo de este modo puede lograrse que la inteligencia artificial sea realmente un instrumento al servicio del bien común y no únicamente un reclamo de marketing político.