El hidrógeno verde se consolida como una de las apuestas clave para la descarbonización industrial en España. Mientras el Gobierno y las empresas privadas impulsan megaproyectos de producción, surgen también movimientos sociales para proteger los intereses del sector primario. En las últimas semanas, dos grandes noticias han marcado la actualidad: la concesión de una ayuda millonaria a Repsol para su planta en A Coruña y la creación de una plataforma de afectados por el corredor de hidrógeno que atravesará la Comunitat Valenciana.
Ambas iniciativas reflejan la doble cara de la transición energética: por un lado, la necesidad de invertir en infraestructuras limpias y, por otro, la preocupación por el impacto territorial y social que estas generan. A continuación, repasamos los detalles de cada una.
El corredor valenciano de hidrógeno verde: expropiaciones y defensa del campo
La Unió Llauradora i Ramadera ha puesto en marcha una plataforma de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno verde. Esta infraestructura, que forma parte de la red nacional, atravesará la Comunitat Valenciana por un centenar de municipios. La organización agraria ofrece asesoramiento jurídico y ha difundido un mapa con el trazado y la lista de localidades por donde pasará la tubería.
El objetivo de la plataforma es defender expropiaciones transparentes, indemnizaciones dignas y la protección de las explotaciones agrarias afectadas. Según la Unió, la construcción y adaptación de la conducción existente está prevista entre 2028 y 2029. El proyecto contempla un trazado de 393 kilómetros en las tres provincias valencianas, aunque en algunos tramos se aprovecharán conductos ya existentes de gas natural, lo que reducirá las expropiaciones.
No obstante, en la zona interior entre las provincias de Valencia y Alicante, desde Montesa-Albaida hasta Tibi-Xixona, es donde probablemente se concentrarán la mayoría de las actuaciones expropiatorias. La asociación agraria insiste en que la implantación de infraestructuras estratégicas debe ser compatible con la protección del sector agrario y del territorio, recordando que las explotaciones agrícolas constituyen un patrimonio productivo, económico y medioambiental esencial para las zonas rurales valencianas.
La Unió ha anunciado que mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora para exigir condiciones como indemnizaciones justas, calculadas con criterios técnicos y agrarios ajustados al valor real de las explotaciones, minimización de perjuicios durante las obras, garantía de acceso a las parcelas y mantenimiento de infraestructuras de riego, así como la correcta restauración de los terrenos una vez finalizados los trabajos. Además, reclama a las administraciones públicas un procedimiento expropiatorio transparente, con valoraciones objetivas y compensaciones suficientes.
Los municipios afectados en la provincia de Castelló son 23, entre ellos Almassora, Castelló de la Plana, Vila-real y Nules. En Valencia, la provincia más afectada, hay 54 localidades, como Alzira, Sagunt, Xàtiva, Torrent y la propia capital. En Alicante, otros 23 municipios, como Elche, Orihuela, Alcoi y Alicante capital, también se verán afectados. La organización ha hecho un llamamiento a todos los propietarios para que se incorporen a la plataforma y refuercen la defensa conjunta de sus derechos.
Repsol recibe 133 millones para su planta de hidrógeno verde en A Coruña
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha propuesto conceder a Repsol una ayuda de hasta 133,4 millones de euros para el proyecto Atlas Electrolyser Plant, que se ubicará en su complejo industrial de Arteixo, en A Coruña. La financiación proviene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos Next Generation EU, en el marco del esquema Subasta como Servicio del Banco Europeo del Hidrógeno.
La futura instalación contará con un electrolizador de membrana de intercambio de protones (PEM) de 50 megavatios de potencia. Su objetivo es producir hidrógeno renovable para sustituir el hidrógeno gris que actualmente se obtiene a partir de combustibles fósiles en los procesos de refino de la refinería coruñesa. La producción total susceptible de recibir ayuda se estima en 60.634 toneladas de hidrógeno verde a lo largo de diez años, con un incentivo de 2,2 euros por cada kilogramo producido.
La ayuda no se entregará como una subvención inicial, sino que estará vinculada a la producción real que acredite la compañía mediante justificaciones semestrales. Repsol dispondrá de un máximo de 60 meses desde la resolución favorable para poner la planta en funcionamiento, y deberá obtener la autorización ambiental integrada en un plazo de 24 meses. La decisión final de inversión tendrá que adoptarse en un máximo de 30 meses.
El acceso de Repsol a esta financiación fue posible tras la retirada de las solicitudes presentadas por Iberdrola para sus proyectos Noon II y Odin. Además de Atlas, Repsol también ha obtenido una ayuda de 49,8 millones para su proyecto Puertollano Hydrogen Networks, un electrolizador de 12,27 MW. Con esta iniciativa, la compañía refuerza su apuesta por el hidrógeno y sus aplicaciones tecnológicas en España, en un momento en que la viabilidad de muchos proyectos está en entredicho.
La planta de A Coruña se suma a otros proyectos de hidrógeno verde en España, como el corredor valenciano, y demuestra que la inversión pública y privada sigue fluyendo hacia esta tecnología. Sin embargo, el impacto territorial de las infraestructuras sigue siendo un punto de fricción, como evidencian las movilizaciones de los agricultores valencianos.
En definitiva, el hidrógeno verde avanza en España con importantes proyectos industriales respaldados por fondos europeos, pero también con desafíos sociales y territoriales que requieren diálogo y garantías para todos los actores implicados. La combinación de ayudas millonarias y la defensa del campo marcan el pulso de una transición energética que busca ser justa y sostenible.
