- La Agencia I+D+i reduce su directorio a solo tres miembros y pasa a depender de la Secretaría de Innovación.
- El Ejecutivo asume el control total en la designación y remoción de autoridades.
- Nuevas funciones orientadas a la cooperación público-privada y control presupuestario.
- La reforma genera preocupación por la pérdida de autonomía y representación federal.
Una profunda reforma acaba de sacudir la estructura de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), el organismo principal de financiamiento científico y tecnológico en Argentina. Este cambio, oficializado mediante el Decreto 447/2025 y publicado en el Boletín Oficial, ha encendido las alarmas en la comunidad académica y de investigación por los efectos que podría tener en la orientación y gestión de la política de innovación nacional.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa, la Agencia pasará a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Además, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad absoluta para definir quiénes serán sus autoridades directivas, quienes serán elegidos bajo propuesta de dicha Secretaría. Este movimiento concentra más poder en el Ejecutivo y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema científico y tecnológico argentino.
Reducción de cargos en el directorio
Entre los puntos más notorios de la reestructuración destaca la drástica reducción de miembros en el directorio: de un presidente y diez vocales se pasa a un presidente y únicamente dos directores. Estos últimos ejercerán sus funciones de manera ad honorem y estarán seleccionados procurando la representación de diversos sectores científicos y productivos, pero perderán la autonomía y pluralidad que caracterizaba la anterior composición. El presidente, por su parte, adquirirá rango de secretario y máxima responsabilidad sobre el ente.
Las autoridades de la Agencia, ahora más concentradas, tendrán la misión de reunirse periódicamente en sesiones ordinarias para trazar, ejecutar y evaluar los programas e incentivos a la innovación, según las nuevas directrices establecidas.
Cambios en las funciones y control presupuestario
El rediseño normativo no solo modifica la estructura, sino que también lleva a una redefinición de las funciones clave del organismo. La Agencia tendrá a su cargo la gestión de fondos, su asignación y control, así como la implementación de criterios para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. Entre los nuevos objetivos figura el impulso de la cooperación público-privada, la promoción de instrumentos de financiamiento con impacto directo en la economía real y la elaboración de un sistema de evaluación de proyectos que contemple la viabilidad técnica, económica y la recuperación de fondos.
Otra de las atribuciones otorgadas por el decreto incluye que la Agencia pueda aceptar donaciones, subsidios nacionales o internacionales, elaborar la memoria anual, intervenir en la confección del presupuesto y hasta actuar en representación legal en juicios. De igual manera, el presidente podrá solicitar apoyo de otros organismos del Estado para cumplir con los mandatos del directorio.
Control oficial sobre el financiamiento científico
La reestructuración le otorga al Ejecutivo la capacidad de designar y remover a los responsables de administrar tres fondos centrales para la ciencia y la tecnología en el país: el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). A través de estas herramientas, se canaliza la mayor parte de los recursos nacionales e internacionales destinados a proyectos científicos y de innovación, dotando ahora al Estado de mayor control sobre la asignación de ayudas y subsidios.
El decreto resalta la importancia de fomentar la transferencia tecnológica hacia el sector productivo, fortalecer la articulación público-privada y alentar esquemas de inversión que consideren el riesgo y el recupero económico de los proyectos apoyados. Sin embargo, voces del ámbito académico expresan su preocupación ante una posible pérdida de diversidad de perspectivas y el riesgo de que la toma de decisiones se vuelva excesivamente centralizada.
Impacto y reacción del sector científico
El contexto en el que ocurre esta transformación es de alta tensión. El anterior titular de la Agencia renunció en septiembre de 2024 debido a las dificultades presupuestarias y al conflicto con la comunidad científica generado por recortes y demoras en los desembolsos. Este cambio estructural se suma a la transformación del exministerio de Ciencia en Secretaría, un movimiento que ya había generado malestar en investigadores y universidades.
Desde distintos sectores, se denuncia que las modificaciones suponen la pérdida del carácter federal y una reducción drástica de la pluralidad en la dirección del organismo, agravando una situación marcada por la subejecución presupuestaria, el congelamiento de salarios y la falta de inversión en ciencia y tecnología. A nivel internacional, la preocupación también radica en la incertidumbre sobre el destino de fondos externos previamente comprometidos para la investigación argentina.
El futuro de la Agencia I+D+i en debate
La Agencia I+D+i, reorganizada ahora bajo estas nuevas premisas, estuvo en el centro de avances clave para la ciencia nacional en años recientes, como el desarrollo de la vacuna argentina contra el covid-19 y el apoyo a proyectos de salud, alimentación, energía y digitalización. Los expertos advierten que el recorte de representación y el control centralizado podrían comprometer la capacidad del país para sostener políticas de innovación inclusivas y federales.
Las nuevas directrices colocan en manos del Ejecutivo gran parte de la toma de decisiones y de la estrategia de apoyo a la investigación, en un contexto en el que el sector ya arrastra la menor inversión presupuestaria registrada en años. Entre despidos, recortes y venta de inmuebles, el debate sobre el futuro de la ciencia argentina continúa abierto.
Los cambios en la Agencia I+D+i implican una estructura más reducida y un mayor grado de centralización estatal, con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia y la articulación con el sector privado, aunque a costa de la autonomía y la representación de múltiples actores del sistema científico. El impacto real de esta reforma dependerá de cómo se implementen las nuevas políticas y de la reacción del extenso entramado de universidades y centros de investigación del país.