- El gobierno británico plantea implantar chips con IA en condenados para mejorar la vigilancia y reducir la población carcelaria.
- Empresas tecnológicas como Google, Amazon o Microsoft participan en las conversaciones junto al Ministerio de Justicia.
- Organizaciones civiles advierten sobre riesgos en privacidad, derechos humanos y fiabilidad de los sistemas predictivos.
- La propuesta se encuentra en fase exploratoria, pero ha abierto un intenso debate público sobre tecnología y justicia.
El gobierno británico, liderado por Keir Starmer, ha presentado una de las propuestas más disruptivas para reformar el sistema penitenciario: la implantación de chips subcutáneos dotados de inteligencia artificial (IA) en personas condenadas con el fin de seguir sus movimientos en tiempo real y predecir comportamientos delictivos. Aunque aún en fase inicial, esta iniciativa ha generado un amplio debate en el ámbito político y social, principalmente por sus implicaciones en la privacidad y los derechos humanos.
La propuesta surge en respuesta a una crisis penitenciaria caracterizada por el exceso de población reclusa y las dificultades para gestionar a quienes cumplen penas fuera de prisión. En una reunión reciente en Londres, la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, reunió a más de veinte grandes empresas tecnológicas, como Google, Amazon, Microsoft, IBM, Palantir y operadores de cárceles privadas como Serco, con la finalidad de explorar soluciones tecnológicas innovadoras para mejorar la gestión y vigilancia de los condenados.
Propuestas futuristas sobre la mesa
Durante el encuentro, organizado por la asociación Tech UK, se analizó el posible desarrollo de chips implantados bajo la piel equipados con sistemas de IA capaces de rastrear la ubicación y detectar patrones de conducta de los condenados. También se discutió el uso de robots para trasladar reclusos, superordenadores que analicen datos históricos de criminalidad y algoritmos predictivos que alerten a las autoridades sobre posibles riesgos de reincidencia. Más información sobre cómo funcionan los chips y su potencial en la vigilancia.
Las autoridades, representadas por la ministra Mahmood y el ministro de Prisiones, James Timpson, enfatizan que es momento de “aprovechar la tecnología como herramienta para un sistema judicial más eficiente”, aunque advierten que todo sigue siendo hipotético y sujeto a debate público. La colaboración entre el sector público y privado resulta crucial para definir las mejores opciones, según los promotores del plan.
Preocupaciones sobre derechos y privacidad
Las reacciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos y la privacidad no se han hecho esperar. Donald Campbell, portavoz de la asociación Foxglove, advierte que “dar acceso a información tan sensible y predictiva a grandes tecnológicas podría poner en riesgo derechos fundamentales”. El uso de IA para predecir delitos ha sido criticado en otros países por sus posibles sesgos y errores, generando riesgos de discriminación y afectando a ciertos colectivos de forma desproporcionada.
Además, hay inquietudes acerca de la posible privatización de funciones claves en la justicia, dejando en manos de empresas privadas tareas que tradicionalmente corresponden al Estado. Los expertos resaltan la importancia de mantener transparencia, debate ético y garantías legales. Organizaciones como Liberty y Privacy International exigen que el desarrollo de estas tecnologías pase por escrutinio ciudadano y una evaluación ética rigurosa.
Por el momento, las empresas invitadas al encuentro han preferido guardar silencio respecto a las propuestas específicas. Se ha programado una próxima reunión para presentar formalmente nuevas ideas y enfoques, en un plazo limitado.
El Reino Unido como laboratorio de innovación penal
El gobierno británico, a través de Keir Starmer, ya ha defendido previamente el uso de IA para modernizar los servicios públicos y reforzar la seguridad mediante técnicas como el reconocimiento facial. Esta apuesta por la tecnología en el ámbito penal posiciona al Reino Unido como un referente en el debate internacional sobre los límites de la vigilancia y el uso de soluciones automatizadas para el control de personas condenadas. Para ampliar conocimientos sobre las implicaciones de la implantación de chips y la tecnología en la justicia.
Mientras tanto, persisten las dudas respecto a la fiabilidad de los sistemas predictivos, su impacto en las libertades civiles y el riesgo de abusos tecnológicos. La cuestión aún está en discusión y plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de la justicia en la era digital.
El ambiente social está dividido y la comunidad tecnológica y de derechos civiles sigue atentamente el proceso. La posible implantación de chips con inteligencia artificial en criminales puede marcar un antes y un después en el equilibrio entre seguridad y libertades en la sociedad británica.
