- La CRC emitió un concepto técnico complementario sobre la integración Movistar–Tigo-Une y pidió vigilancia en tres mercados sensibles.
- Posibles efectos coordinados con Comcel (Claro) podrían afectar precios y bienestar; el HHI subiría de forma relevante.
- El análisis no aprueba ni rechaza la operación: la SIC decidirá bajo la Ley 1340 de 2009 y podría imponer condiciones.
- Se reconocen eficiencias potenciales (escala y 5G) y no se detectan riesgos significativos en el transporte mayorista entre municipios.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó un concepto técnico complementario sobre la operación entre Movistar (Telefónica Colombia) y Tigo-Une (Colombia Móvil), una integración que está siendo evaluada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El documento, divulgado el 20 de septiembre de 2025, profundiza el análisis realizado el 14 de mayo y deja claro que se trata de un insumo técnico: no supone aprobación ni rechazo, sino un acompañamiento independiente en el marco de la intervención de oficio de la Ley 1340 de 2009 para proteger la competencia y a los usuarios.
Qué advierte la CRC sobre la operación
La CRC pide especial atención a tres frentes considerados sensibles, porque cualquier cambio competitivo puede afectar la pluralidad de opciones y la calidad del servicio en Colombia.
- Acceso y originación móvil.
- Servicios móviles minoristas.
- Internet fijo residencial.
Entre los riesgos identificados, el regulador advierte la posibilidad de efectos coordinados con Comcel (Claro), dada la concentración que resultaría tras la integración, con impactos potenciales en precios y en el bienestar de los consumidores.
En el escenario planteado, la participación conjunta de Tigo y Movistar superaría el 34%, mientras que Claro conservaría alrededor del 54%; con dos operadores de gran tamaño, el incentivo y la capacidad para coordinar conductas se incrementan.
La medición de concentración confirma esta alerta: el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) en acceso y originación móvil podría pasar de 3.445 a 6.258 puntos, y en servicios móviles aumentaría en 727 puntos hasta 4.203. En cambio, en el mercado mayorista de transporte entre municipios no se observaron señales de preocupación derivadas de la operación.
El regulador añade que, aunque la normativa no obliga a compartir infraestructura, si la red de transporte del operador integrado se ofrece a terceros a costos eficientes, se podrían generar efectos positivos para competidores más pequeños y acelerar su expansión.
Riesgos, remedios y condiciones en juego
La CRC examinó con detalle las propuestas y comentarios de terceros, incluidos otros operadores como WOM: algunas medidas podrían ser viables para preservar la competencia, otras requieren mayor estudio y varias resultan inconvenientes o contrarias al marco regulatorio vigente.
Con su rol de asesor técnico, la Comisión recomienda que cualquier decisión de la SIC evite desequilibrios competitivos y garantice la presencia de múltiples agentes, dejando abierta la posibilidad de condicionamientos que mantengan un entorno contestable e innovador.
El regulador subraya que la política de competencia no solo incide en el corto plazo (por ejemplo, en precios), sino en la inversión, la innovación y la calidad en el medio y largo plazo. En línea con el concepto del MinTIC de mayo de 2025, se reconocen posibles eficiencias por economías de escala y sinergias tecnológicas —incluida la despliegue de 5G—, siempre que vayan acompañadas de salvaguardas procompetitivas.
Asimismo, la Comisión advierte que la reducción de cuatro a tres competidores podría tensar la sostenibilidad de operadores más pequeños; por ello, insiste en remedios proporcionados que minimicen riesgos de coordinación y eviten una deriva hacia dinámicas de duopolio.
El proceso —que tiene antecedentes de compartición de red desde 2023 para ampliar cobertura en más de 900 municipios— se encuentra en fase decisiva. La CRC mantendrá su acompañamiento con datos y modelos económicos, mientras que la decisión final recaerá en la SIC, que puede aprobar, rechazar o condicionar la operación.
La discusión regulatoria se centra en preservar la competencia sin desincentivar la eficiencia: de un lado, los potenciales beneficios de escala e inversión; del otro, los riesgos de concentración y coordinación. El equilibrio que trace la SIC determinará el impacto sobre la oferta, la calidad y los precios que afrontan millones de usuarios en el mercado colombiano de telecomunicaciones.
