- El Centro Nacional de Ciberseguridad finalmente no tendrá sede física, desechándose las candidaturas de Málaga y León.
- La decisión del Gobierno central ha provocado una fuerte reacción política en Andalucía, con acusaciones de agravio y sectarismo.
- El centro será un departamento administrativo adscrito al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de coordinar organismos ya existentes.
- El Ejecutivo defiende que nunca existió el compromiso de crear una sede física, mientras que en Andalucía esgrimen documentación sobre la previsión de espacios y plantilla.
Málaga había depositado grandes esperanzas en convertirse en la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad, apoyada tanto por el Parlamento andaluz como por el Ayuntamiento y con el respaldo de todos los grupos políticos. Sin embargo, la decisión final del Gobierno central ha sido dejarlo en un departamento administrativo sin sede física, lo que ha generado una reacción inmediata y contundente desde la Junta de Andalucía y el consistorio malagueño.
Este cambio de planteamiento ha sido recibido como un nuevo revés para la capital de la Costa del Sol, que había destacado su posición como polo tecnológico y referente en ciberseguridad gracias, entre otros factores, a la implantación de grandes empresas como Google y a la colaboración público-privada en el sector. La noticia también ha impactado en León, ciudad que también aspiraba a albergar este organismo nacional.
Un centro que se queda en el papel
El Gobierno central ha explicado que el Centro Nacional de Ciberseguridad no será una entidad física independiente, sino que funcionará como departamento adscrito al Departamento de Seguridad Nacional, con sede en La Moncloa. Esta estructura se encargará de coordinar las labores de ciberseguridad junto a organismos ya existentes como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León o el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI.
Según fuentes gubernamentales, la decisión responde a la naturaleza del propio centro, que se concibe como punto de coordinación para CSIRTs de referencia y otros ministerios, sin requerir una infraestructura o edificio específico. La medida se enmarca en el Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que refuerza la función de este órgano como autoridad nacional en la gestión y respuesta ante crisis de ciberseguridad.
Las expectativas generadas en torno a la creación de una nueva sede física habían movilizado intensamente a las instituciones andaluzas, que aprobaron por unanimidad distintas declaraciones y mociones para impulsar la candidatura de Málaga. El pleno del Ayuntamiento y el Parlamento andaluz se pronunciaron a favor, así como distintos actores del ecosistema local, que subrayaron la capacidad tecnológica y de innovación existente en la ciudad.
Fuerte reacción política en Andalucía
La decisión ha provocado un profundo malestar político en Andalucía, especialmente entre representantes del Gobierno autonómico y del Partido Popular, que han acusado al Ejecutivo central de cambiar los criterios con el objetivo de excluir a Málaga y, por extensión, perjudicar a la comunidad. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha destacado el agravio que supone esta resolución, recordando que existía una memoria inicial del proyecto donde se recogían detalles sobre puestos de trabajo, la necesidad de alquiler de espacio y recursos materiales para el centro.
El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha ido más allá y ha definido la medida como “sectarista” y un nuevo castigo a la provincia, asegurando que el Gobierno ha preferido “reducir el proyecto a un departamento simbólico” en lugar de apostar por Málaga como capital tecnológica. Estas declaraciones se suman a las del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien ha mantenido una posición más conciliadora, pero ha puesto de manifiesto la confusión generada por los cambios de planteamiento desde el Gobierno central.
Entre los argumentos a favor de la candidatura malagueña se ha destacado el papel de la Universidad de Málaga en la formación de profesionales en ciberseguridad e inteligencia artificial, el tejido empresarial y la presencia de multinacionales tecnológicas, así como el respaldo social e institucional a la propuesta.
Postura del Gobierno y mensaje de coordinación
Por el contrario, el Ministerio de Transformación Digital y los representantes gubernamentales en Andalucía han insistido en que nunca se contempló la creación de una sede física específica y han señalado que la polémica responde a una interpretación errónea o interesada por parte de la Junta. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha tachado de “falsa polémica” las quejas desde la administración autonómica y ha reiterado que el nuevo centro será un departamento administrativo dedicado a la coordinación interministerial.
Los portavoces ministeriales han subrayado que la función principal del Centro Nacional de Ciberseguridad es la coordinación con organismos existentes y la representación internacional, y que no se trata de una agencia independiente ni de una institución recién creada. Además, apuntan a que el personal y los recursos se asignarán según las necesidades propias de su labor coordinadora, sin requerir una instalación física en ningún territorio concreto.
El debate en torno a la localización de la sede ha evidenciado la dificultad para descentralizar organismos estatales cuando la naturaleza del propio ente aconseja mantener funciones administrativas y de coordinación. La situación ha servido también para reabrir el debate sobre decisiones similares adoptadas en el pasado con otros organismos nacionales.
El episodio ha dejado a Málaga sin la posibilidad de reforzar su imagen como hub tecnológico en el sector de la ciberseguridad, pese a contar con el apoyo institucional unánime y un ecosistema empresarial de referencia. Málaga refuerza su liderazgo en ciberseguridad y la resolución final se limita a la creación de un departamento administrativo sin despliegue de sede física en ninguna ciudad.