- La Comisión Europea acusa a Meta de vulnerar la DSA al no impedir que menores de 13 años usen Facebook e Instagram.
- Bruselas denuncia controles de edad ineficaces y vías de denuncia complejas y poco útiles.
- Meta se arriesga a una multa de hasta el 6% de su facturación anual global si se confirma el incumplimiento.
- La UE impulsa una app europea de verificación de edad y anima a los Estados a armonizar la protección de menores en redes.
El procedimiento se enmarca en la Ley de Servicios Digitales (DSA), la norma que fija las obligaciones de las grandes plataformas en la Unión Europea. Si, tras el análisis en profundidad, se confirma que Meta ha incumplido sus obligaciones, la compañía podría enfrentarse a una sanción que alcanzaría hasta el 6 % de su facturación anual mundial, una cifra que implicaría una multa de miles de millones de euros.
Por qué acusa Bruselas a Meta de vulnerar la DSA
De acuerdo con los términos de uso de la propia compañía, los servicios de Facebook e Instagram no están dirigidos a menores de 13 años. Sin embargo, la Comisión Europea considera que lo que Meta ha puesto en marcha para hacer cumplir esa regla es, a día de hoy, claramente insuficiente y no cumple el estándar exigido por la DSA.
La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de la soberanía tecnológica, Henna Virkkunen, ha sido contundente: los hallazgos preliminares muestran que Instagram y Facebook “hacen muy poco” para evitar que los menores de 13 años utilicen estos servicios. En otras palabras, las restricciones de edad están sobre el papel, pero no se aplican de forma efectiva.
Según Bruselas, un niño puede abrir una cuenta introduciendo simplemente una fecha de nacimiento falsa al registrarse, sin que exista un mecanismo robusto que verifique si esa información es real. La Comisión sostiene que no hay controles efectivos que impidan este tipo de fraude básico, a pesar de que se trata de una práctica sobradamente conocida en el sector.
El problema no se limita al momento del alta. Las autoridades comunitarias subrayan que Meta tampoco dispone de procedimientos eficaces para identificar y expulsar rápidamente a los menores de 13 años que ya han logrado acceder a la red social. Esa falta de seguimiento supone, en la práctica, que muchos niños puedan seguir usando Facebook e Instagram sin ninguna limitación real.
Herramientas de denuncia poco prácticas y escaso seguimiento
Otro de los puntos que más irrita a la Comisión es la herramienta que Meta ofrece para denunciar la presencia de menores de 13 años en sus plataformas. Bruselas la describe como “difícil de usar” y “poco efectiva”, hasta el punto de que para llegar al formulario hay que hacer hasta siete clics, algo que desanima a muchos usuarios a completar el proceso.
Además de esa complejidad, el formulario de denuncia no se rellena de forma automática con los datos básicos del usuario sospechoso, lo que obliga a aportar manualmente información que, en muchos casos, el denunciante ni siquiera tiene. Para la Comisión, estos obstáculos prácticos disminuyen drásticamente el uso de la herramienta y, por tanto, su utilidad real.
Incluso cuando alguien logra completar la denuncia, el seguimiento tampoco está garantizado. Los servicios comunitarios han detectado que, en numerosas ocasiones, no se realiza ninguna comprobación efectiva después del aviso, de forma que el menor señalado puede continuar utilizando el servicio sin revisión adicional ni suspensión de la cuenta.
Bruselas subraya que este funcionamiento va en contra del espíritu de la DSA, que obliga a las grandes plataformas a aplicar de manera real y verificable sus propias normas internas. Para la Comisión, los términos y condiciones no pueden ser simples declaraciones “de cara a la galería”, sino el punto de partida de medidas concretas para proteger a los usuarios más vulnerables, en este caso los menores.
Riesgos para los menores y falta de evaluación rigurosa
La preocupación de las instituciones europeas no es únicamente formal. La Comisión alerta de que las deficiencias en la mitigación de riesgos exponen a los menores de 13 años a peligros muy específicos en el entorno digital, como el ciberacoso, la captación con fines sexuales o la exposición continuada a contenidos claramente inadecuados para su edad.
En este sentido, Bruselas reprocha a Meta que sus evaluaciones de riesgo sean “incompletas y arbitrarias”. Según el Ejecutivo comunitario, la empresa no valora adecuadamente la probabilidad de que los niños más pequeños estén presentes en sus plataformas ni los efectos que esto puede tener sobre su bienestar físico y mental.
Los servicios comunitarios aseguran que las conclusiones de Meta contradicen numerosos estudios y evidencias disponibles en la Unión Europea. Esos datos apuntan a que aproximadamente entre el 10 % y el 12 % de los menores de 13 años acceden a Facebook o Instagram en territorio comunitario, lo que supone una presencia nada despreciable de usuarios por debajo de la edad mínima fijada.
Para la Comisión, este desfase entre la realidad detectada por investigadores, autoridades y organizaciones de protección de la infancia y la visión más limitada que aporta la compañía demuestra que la metodología de evaluación de riesgos de Meta debe revisarse a fondo. Se reclama un enfoque más preciso, desglosado por servicio y por región, que refleje mejor qué ocurre en la práctica en el mercado europeo.
Además, Bruselas insiste en que la DSA exige que las grandes plataformas adopten medidas de mitigación proporcionadas al nivel de riesgo, algo que, a su juicio, no está ocurriendo. De ahí que la Comisión exija reforzar con urgencia los controles para prevenir, detectar y eliminar las cuentas gestionadas por menores de 13 años.
Posibles sanciones y siguientes pasos del procedimiento
La acusación lanzada por Bruselas forma parte de una investigación formal abierta contra Facebook e Instagram que se inició en mayo de 2024. Con las conclusiones preliminares sobre la mesa, se abre ahora un periodo en el que Meta puede examinar los documentos, presentar alegaciones y, si lo considera oportuno, introducir cambios inmediatos en sus prácticas para tratar de corregir las deficiencias señaladas.
Si, una vez analizadas las respuestas de la compañía y completadas las comprobaciones técnicas, la Comisión mantiene su diagnóstico, podrá adoptar una resolución de incumplimiento. Este paso permitiría imponer una multa que podría ascender hasta el 6 % de la facturación anual global de Meta, tal y como prevé la DSA para los casos más graves de vulneración.
Fuentes comunitarias puntualizan que, en esta fase, la Comisión no entra a valorar cuál debería ser la edad mínima para estar en redes sociales. El foco está exclusivamente en que Meta no estaría cumpliendo ni sus propios términos ni las medidas notificadas a Bruselas para respetar la DSA, pese a que la propia empresa reconoce el riesgo que supone la presencia de menores de 13 años en sus servicios.
Paralelamente, el Ejecutivo comunitario mantiene otras investigaciones abiertas sobre Meta vinculadas al impacto de sus plataformas en el bienestar de los usuarios y al diseño de interfaces que podrían explotar las vulnerabilidades de los menores. Todo ello se enmarca en una estrategia más amplia para que las grandes tecnológicas asuman una responsabilidad real en la protección de la infancia en el entorno digital europeo.
Desde el entorno de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se recalca que la intención es que este tipo de expedientes sienten precedentes claros sobre cómo se aplica la DSA, de forma que las normas dejen de ser una teoría poco concreta y se conviertan en obligaciones con consecuencias tangibles.
La respuesta de Meta: defensa de sus sistemas y promesa de mejoras
Frente a las acusaciones europeas, Meta ha salido al paso defendiendo que ya cuenta con mecanismos para limitar el acceso de menores de 13 años y retirarlos cuando se detecta que no cumplen la edad mínima. La compañía recuerda que sus condiciones de uso fijan claramente los 13 años como límite de entrada y asegura que existen medidas específicas para identificar y eliminar las cuentas de usuarios por debajo de esa edad.
Un portavoz de la compañía ha reconocido, no obstante, que verificar la edad en internet es un reto para todo el sector, que exigiría soluciones de carácter más amplio. En esa línea, Meta dice estar dispuesta a colaborar de forma constructiva con la Comisión Europea y ha adelantado que presentará “más información” sobre las medidas adicionales que planea poner en marcha en este ámbito.
La empresa defiende que, en los últimos años, ha invertido de forma significativa en herramientas de detección automática de comportamientos sospechosos y en sistemas de revisión manual para identificar posibles cuentas de menores. Aun así, Bruselas considera que ese despliegue no alcanza todavía el nivel que exige la DSA cuando se trata de proteger a los usuarios más vulnerables.
En la práctica, el expediente abierto fuerza a Meta a mover ficha: la compañía puede optar por reforzar voluntariamente sus procedimientos —por ejemplo, simplificando la denuncia de menores o mejorando la comprobación de datos al registrarse— o arriesgarse a una resolución sancionadora que, además del impacto económico, implicaría un importante desgaste reputacional en el mercado europeo.
Edad mínima en redes y nueva app europea de verificación
La ofensiva contra Meta se produce mientras avanza un debate creciente en Europa sobre la edad mínima para usar redes sociales. A día de hoy no existe una “edad digital” unificada a nivel comunitario, pero varios países han empezado a fijar sus propios límites para el acceso de los menores.
Francia, Italia, Dinamarca y Grecia han optado por impedir el uso de redes sociales a los menores de 15 años, mientras que España ha apostado por elevar la barrera hasta los 16 años. Otros Estados miembros, como Irlanda, trabajan también en regulaciones nacionales que sitúan el umbral entre los 14 y los 16 años, lo que crea un panorama muy fragmentado dentro de la UE.
Para intentar coordinar este terreno, la Comisión ha impulsado un grupo de trabajo específico (‘ad hoc’) que prepara recomendaciones sobre el acceso de menores a redes sociales. El objetivo es que, de aquí al verano, los Veintisiete cuenten con una base común sobre la que valorar si conviene lanzar una propuesta legislativa para fijar un límite armonizado en toda la Unión.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha desarrollado una aplicación europea de verificación de edad que ya está técnicamente lista para usar. Esta herramienta permitiría a los ciudadanos acreditar su edad al acceder a determinados servicios digitales, de forma parecida a cuando se enseña el DNI para comprar alcohol en una tienda física, pero sin compartir otros datos personales.
La Comisión ha enviado una guía a las capitales para facilitar la adaptación e implementación de esta app, con la idea de que los Estados miembros ofrezcan soluciones nacionales gratuitas y compatibles entre sí antes de final de año. Las plataformas digitales no estarían obligadas a usar la versión europea, pero sí a demostrar que cualquier sistema alternativo ofrece garantías equivalentes de privacidad y seguridad y cumple tanto la DSA como las normas nacionales.
Privacidad, anonimato y retos técnicos de la verificación de edad
Uno de los grandes temores alrededor de estos sistemas es el posible impacto en la protección de datos y la privacidad de los usuarios. Bruselas insiste en que la app europea está diseñada para minimizar este riesgo: no revelará ninguna información personal adicional más allá de la prueba de edad y funcionará bajo un esquema de anonimato que impida rastrear la actividad online del usuario.
La solución se apoya en técnicas criptográficas de “prueba de conocimiento cero”, que permiten verificar un dato sin necesidad de mostrar toda la información subyacente. En la práctica, esto significa que se puede confirmar si alguien supera una edad concreta sin tener que comunicar su fecha de nacimiento exacta ni otros detalles sensibles.
La aplicación está pensada para utilizarse en móviles, tabletas y ordenadores, con el objetivo de que resulte accesible y cómoda para el mayor número posible de personas. Aun así, la propia Comisión reconoce que este es solo el primer paso y que hará falta evaluar su funcionamiento real, así como adoptar medidas adicionales para evitar atajos, como el uso de VPN para tratar de burlar los controles.
La recomendación enviada a los Estados también prevé que Bruselas evalúe qué proveedores públicos o privados pueden encargarse de distribuir la herramienta de verificación de edad, con la intención de publicar un listado de actores considerados seguros. De este modo, las plataformas podrán escoger, dentro de un catálogo acotado, qué sistema ofrecer a los usuarios para cumplir los requisitos europeos.
El trasfondo de todo este proceso es la voluntad de establecer un enfoque coordinado entre los Veintisiete para evitar un mosaico de soluciones inconexas. En la visión de la Comisión, un marco común facilitaría tanto la protección de los menores como la tarea de las empresas, que no tendrían que adaptarse a reglas completamente distintas en cada país.
Con la acusación a Meta, Bruselas lanza una señal clara: las grandes plataformas ya no pueden limitarse a fijar una edad mínima en sus condiciones de uso sin respaldarla con controles de acceso sólidos, sistemas de denuncia eficaces y evaluaciones de riesgo serias. Lo que la UE exige ahora es que esas promesas se traduzcan en prácticas verificables, con consecuencias reales cuando no se cumple lo pactado.
