- El PSPV propone que la Policía Local de Castelló acceda a bases de datos municipales para agilizar actuaciones.
- El proyecto de Ley de Integridad Pública debate el control notarial de la titularidad real.
- La Base de Datos de Titularidad Real es una herramienta clave contra la corrupción.
- La seguridad de las bases de datos es fundamental para la transparencia administrativa.
La gestión de la información pública se ha convertido en un pilar fundamental para la eficiencia administrativa y la lucha contra la corrupción. En España, dos iniciativas recientes ponen de manifiesto la importancia de las bases de datos como herramienta clave para las fuerzas de seguridad y la transparencia institucional.
Por un lado, el Grupo Municipal Socialista de Castelló ha propuesto que la Policía Local pueda consultar directamente las bases de datos municipales para agilizar sus intervenciones. Por otro, el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública ha reabierto el debate sobre el control notarial de la Base de Datos de Titularidad Real, una herramienta esencial para investigaciones anticorrupción.
Acceso policial a las bases de datos municipales
La propuesta presentada por la edil socialista Anunciación Láinez busca que los agentes de la Policía Local de Castelló puedan acceder en tiempo real a información que ya obra en poder del ayuntamiento. Entre los datos solicitados se encuentran las licencias de actividad, las declaraciones responsables de obras, la relación de vados vigentes y las autorizaciones de ocupación de la vía pública. También se incluye, cuando sea necesario, el acceso al padrón del IBI para identificar a los titulares de inmuebles.
Según Láinez, «muchas veces la Policía Local acude a un servicio sin disponer de toda la información municipal disponible, cuando esa información ya existe en el ayuntamiento y podría estar al alcance de los agentes». La iniciativa pretende reducir trámites administrativos y evitar desplazamientos innecesarios, permitiendo comprobar in situ si un vado está en vigor o si una actividad cuenta con la licencia correspondiente.
Los socialistas subrayan que la propuesta no implica crear nueva información, sino mejorar la coordinación entre departamentos y aprovechar las herramientas tecnológicas existentes. Ahora corresponde al gobierno de Begoña Carrasco y al concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, decidir si apuestan por una administración más moderna y eficiente.
El debate sobre la Base de Datos de Titularidad Real
Paralelamente, el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado por el Consejo de Ministros, ha generado controversia al permitir que las transmisiones de participaciones sociales se formalicen mediante documento privado electrónico, evitando la escritura pública notarial. Esta posibilidad, según el Consejo General del Notariado, jueces y el Consejo de Estado, podría debilitar el control de legalidad previo y abrir la puerta a la ocultación de propietarios reales.
Hasta ahora, el control notarial quedaba inscrito en la Base de Datos de Titularidad Real, una herramienta fundamental para investigaciones de la UCO, la UDEF y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Esta base contiene información de 3,3 millones de empresas y ha sido clave para destapar tramas de corrupción. Incluso los notarios pueden incluir advertencias sobre sospechas de irregularidades.
El Consejo de Estado ha advertido que dejar la transmisión en manos de un documento privado y el Registro Mercantil puede ser ineficaz para prevenir el uso de testaferros y flujos de fondos opacos. La paradoja es que la propia norma defiende las nuevas tecnologías como herramienta para la integridad, mientras que la base de datos notarial es considerada una de las más avanzadas de Europa, reconocida incluso por el vicepresidente económico Carlos Cuerpo y en la adenda de los Fondos Next Generation.
La importancia de la seguridad en las bases de datos
Ambos casos ponen de relieve la necesidad de contar con bases de datos fiables, accesibles y seguras. La propuesta de Castelló busca precisamente que la información municipal esté disponible para quienes la necesitan en el momento adecuado, mientras que el debate sobre la Ley de Integridad Pública subraya los riesgos de debilitar los controles sobre la titularidad real.
La experiencia internacional demuestra que las bases de datos mal protegidas pueden ser objetivo de ciberataques a bases de datos. Aunque no se ha confirmado, recientemente se ha reportado una supuesta filtración de 75 bases de datos de una universidad indonesia, lo que evidencia la vulnerabilidad de estos sistemas. En España, la Base de Datos de Titularidad Real ha demostrado su eficacia en la lucha contra el fraude, y su mantenimiento es crucial para la transparencia.
En definitiva, tanto la iniciativa local de Castelló como el debate nacional sobre la ley de integridad reflejan que las bases de datos son un activo estratégico para la administración pública. Su correcta gestión, acceso y seguridad determinan la eficiencia de los servicios y la capacidad de prevenir y perseguir prácticas corruptas.
La conjunción de estas dos noticias muestra que España se encuentra en un momento clave para definir el futuro de sus bases de datos públicas. Mientras en Castelló se busca ampliar el acceso policial a la información municipal, a nivel nacional se debate cómo mantener la integridad de la base de titularidad real sin perder el control notarial. Ambas cuestiones apuntan a la misma dirección: la necesidad de bases de datos robustas, seguras y accesibles para garantizar una administración eficiente y transparente.
